Oleguer Pujol contabilizaba gastos ficticios para evadir impuestos

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria ha entregado recientemente un informe preliminar al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre las actividades de Oleguer Pujol en el que acusa al hijo del expresidente catalán de haber diseñado, junto a su socio, un entramado para defraudar a Hacienda de forma sistemática.

El presunto fraude tendría dos pilares, según el documento al que ha tenido acceso ABC. Por un lado, Oleguer Pujol y Luis Iglesias, gestores del fondo inmobiliario Drago, depreciaban artificialmente el valor de las sociedades que manejaban para pagar menos impuestos y luego recompraban los inmuebles de estas sociedades a precios de saldo. Por otro lado, el benjamín de los Pujol Ferrusola y su socio cobraban sus honorarios a través de sociedades interpuestas y no los declaraban a Hacienda, para evitar que el fisco se quedara, vía IRPF, con alrededor del 50 por ciento de sus comisiones. Los inspectores de la ONIF hacen hincapié, en un informe de 117 páginas más anexos, en la intermediación de Oleguer Pujol en la venta y alquiler de 1.152 oficinas del Banco Santander en el año 2007 por 2.040 millones de euros, al tiempo que reconocen que es preciso «seguir investigando» para una «mayor profundización». Se trata de la operación de mayor envergadura realizada por Drago, el fondo gestor inmobiliario que compartían al 50 por ciento Oleguer Pujol y el fundador de la compañía, Luis Iglesias (actualmente el hijo de Pujol ya no está en Drago).

Drago se dedicaba a poner en contacto al vendedor y al comprador a cambio de una comisión que ronda los cinco millones de euros. La ONIF detecta un presunto fraude en el abono de estos honorarios: «Las comisiones por la intermediación en esta operación, pagadas por Samos Servicios y Gestiones SLU, se instrumentaron a través de una serie de contratos de consultoría y asesoramiento con diversas entidades, con el resultado final de la ocultación de las rentas obtenidas en España por las personas físicas que realizaron estas labores de intermediación». Hacienda sostiene que aún no ha podido «determinar quiénes fueron todos los intermediarios aunque sí se conoce a dos ellos: D. Oleguer Pujol Ferrusola y D. Luis Iglesias». En cuanto a las cantidades percibidas, el informe recoge que «se tiene acreditado que cada uno de ellos percibió de Samos Servicios y Gestiones al menos una renta de 2.545.192,99 euros, quedando pendiente de percepción a futuro para cada uno de ellos un importe de 750.000 euros».

No obstante, los inspectores recuerdan que «al parecer, D. Oleguer Pujol Ferrusola presentó Declaración Tributaria Especial comprensiva de estas rentas». Esto significa que el hijo de Jordi Pujol aprovechó la amnistía fiscal de 2012 para blanquear las comisiones de la operación del Santander , por lo que no se le perseguirá por delito fiscal en este apartado.

Por otro lado, la ONIF identifica a Drago como una estructura creada para defraudar: «Parece que todo el conjunto Drago Real Estate Partners Limited adquiere cierto sentido si se considera como un conjunto de actuaciones CONTINUADAS que tiene una vida media de 7 años, en las que importante inversiones se realizan por diferentes sociedades que coinciden en la depreciación sistemática de forma que se reduce su carga fiscal y, al mismo tiempo, dan cobertura en el año 2012 a la adquisición de un importante patrimonio inmobiliario a precio casi simbólico».

Fuentes de la defensa aseguran a ABC que «no hay ningún mecanismo defraudatorio», sino «estructuras empresariales complejas pero totalmente legales». Según Hacienda, pese a que las sociedades «no deberían generar pérdidas puesto que los alquileres son pagados por entidades solventes, sin embargo ha generado unas pérdidas constantes acumuladas y consolidadas de 51 millones de euros». Con posterioridad, una vez que las sociedades tenedoras de los inmuebles estaban cercanas a la quiebra, incluso en situación de concurso de acreedores, Oleguer Pujol y su socio compraban los inmuebles «por un precio mínimo», incluso «casi simbólico».