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Los peritos de Griñán defienden ante el Supremo los pagos del caso ERE
Sostienen ante el juez que las transferencias de financiación no son un «régimen perverso», sino común en cualquier Administración
Los peritos que han elaborado el informe pericial presentado por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán han defendido este jueves ante el juez del Tribunal Supremo que investiga el caso ERE que el uso de las transferencias de financiación «es absolutamente legítimo» y que no se trata de ningún «régimen perverso». Las transferencias de financiación son el instrumento por el que la Junta canalizó las ayudas sociolaborales para eludir, según la juez Alaya, el control propio de las subvenciones.
Durante su comparecencia ante el magistrado Alberto Jorge Barreiro, los catedráticos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Lago han ratificado su informe, que se contradice con el de la Intervención General del Estado (IGAE), que califica de irregular el instrumento presupuestario que se utilizó durante diez años para financiar estas ayudas.
Al término de dicha comparecencia, que se ha alargado durante cuatro horas, Zornoza ha explicado que las transferencias de financiación se utilizan en «multitud» de administraciones «con absoluta normalidad», que no constituyen «un régimen perverso» y «que no permiten eludir ningún tipo de controles presupuestarios».
«Su empleo es absolutamente legítimo, con independencia de que haya podido haber algún supuesto en el que se haya producido abuso de ese mecanismo», ha incidido el catedrático.
A su juicio, las diferencias entre su informe y el de la Intervención General son «a que hay entre el día y la noche». «Los peritos de la IGAE parecen mantener que las transferencias de financiación en sí mismas son un mecanismo ideado para evitar los controles presupuestarios», ha criticado.
El informe que han ratificado estos dos peritos, y que considera ajustado a derecho los procedimientos seguidos para la autorización, ejecución y control de los gastos financiados con cargo al programa de ayudas laborales, ya está en manos del juez desde el pasado 26 de enero.
Los catedráticos han hecho especial hincapié en diferenciar el régimen jurídico de las concesiones y el sistema de pago empleado, en este caso las transferencias de financiación. Es decir, las transferencias no se utilizaron para conceder las subvenciones, sino para pagarlas.
Tras interrogar a los peritos, el magistrado Alberto Jorge Barreiro ha expuesto su teoría, opuesta a la de los peritos y más cercana a la del informe elaborado por la Intervención General, que señala que este sistema permite eludir controles. Los fiscales, por su parte, no ha realizado ninguna pregunta a los peritos de parte.
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