Sin rastro de la herencia de Gallardón

Nati Villanueva

04/05/2015
Actualizado 07/05/2015 a las 08:35h.

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Cuando llegó al Ministerio para relevar a Alberto Ruiz-Gallardón, en septiembre de 2014, Rafael Catalá se propuso revisar todos los proyectos de su predecesor que, en su afán de pasar a la historia como el ministro que promovió la mayor revolución de la Justicia de la democracia, no dejó títere con cabeza. Se trataba en muchos casos de desandar lo andado para poder recomponer las relaciones con prácticamente todos los colectivos que trabajan en la Administración de Justicia. Lo ha hecho mediante un labor discreta que se ha visto algo empañada por su sugerencia de plantear sanciones a los medios que publiquen filtraciones .

Siete meses después, Catalá ha logrado en parte ese objetivo con un estilo opuesto al de su predecesor. Convencido de que sin acuerdo no es posible el cambio y de que con pequeños gestos puede haber grandes logros, Catalá ha ido borrando el rastro de Gallardón y promoviendo reformas que no han dejado a nadie indiferente. Entre sus principales medidas, la supresión de las tasas judiciales y, más recientemente, la paralización del Registro Civil.

Sin embargo, a apenas unos meses del final de la legislatura, en Justicia se tiene asumido que buena parte de la decena de leyes relacionadas con el Ministerio que se tramitan en el Congreso en estos momentos terminarán en un cajón por falta de acuerdo.

Catalá se ha limitado a hacer un lavado de cara en la ley del Poder Judicial y promover pequeñas reformas enfocadas a un reparto más eficiente de los asuntos. Nada queda de este macroproyecto con el que Gallardón daba un vuelco a la organización territorial de la Justicia, con la creación de los tribunales de instancia y la supresión de los partidos judiciales. Tampoco salió adelante la reducción del número de aforados o tribunales colegiados para instruir causas en tribunales estrella como la Audiencia Nacional . De la potestad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de ordenar a un medio de comunicación que deje de informar sobre el trabajo de un magistrado que sienta «perturbada» su independencia y de la prohibición a jueces y a asociaciones judiciales de valorar los casos abiertos en los juzgados nunca más se supo.

Catalá, que ha decidido no mantener el nombre con el que la bautizó Gallardón ( Código Procesal Penal ), ha optado por centrarse en aspectos que urgía regular (intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase) antes que abordar, como quería su antecesor, una auténtica reforma del sistema penal. Esa reforma pasaba por que el fiscal instruyera las causas penales en vez de hacerlo, como hasta ahora, el juez de instrucción. El nuevo ministro tampoco se ha atrevido a reformar las competencias del tribunal del jurado para restringirlas al mínimo ni excluir del ejercicio de la acción popular a partidos políticos, sindicatos y personas jurídicas públicas o privadas, como quería su antecesor. Eso sí, por primera vez se ponen límites a la instrucción para evitar las causas eternas.

Fue también la falta de consenso lo que llevó a la retirada del proyecto de ley del aborto de Gallardón . Su propuesta contemplaba solo dos supuestos en los que la mujer podía poner fin a su embarazo, el de violación y el de grave peligro para la salud física o psicológica de la madre. Pero en la práctica este último supuesto acogía de forma indirecta el de malformaciones que sí estaba previsto en la ley de 1985. El Gobierno ha decidido tocar solo de forma parcial la norma para imponer el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años que quieran poner fin a su embarazo. Una solución a medias del problema insuficiente para aplacar el enfado de parte de la ciudadanía.

El pasado febrero, Catalá anunciaba la supresión de las tasas judiciales para todas las personas físicas y en todas las instancias jurisdiccionales. Ponía fin así a una de las medidas más polémicas de su antecesor que ha estado vigente durante casi dos años: el ciudadano ha tenido que pagar por acceder a la justicia en los órdenes civil, contencioso y laboral. En este tiempo el Tribunal Constitucional no ha resuelto ninguno de los recursos ni cuestiones de inconstitucionalidad planteados contra una ley que exigía pagar un mínimo de 1.200 euros por recurrir en casación ante el Supremo.

La última enmienda de Catalá a la gestión de su antecesor ha sido la reforma del Registro Civil. Su aprobación estaba prevista para el próximo 15 de julio, pero el ministro ya ha anunciado que no va a fijar ningún nuevo plazo hasta que se reúna con todos los afectados -sindicatos, comunidades autónomas, partidos políticos o registradores-. La intención de la reforma era que el Registro Civil, controlado por la Administración de Justicia, pasara a manos de registradores mercantiles y de la propiedad. Los funcionarios han mostrado su malestar porque en el caso de haberse aprobado la reforma, el Registro Civil dejaría de ser competencia de la Administración de Justicia.

Aunque Catalá ha salvado la prisión permanente revisable , la medida estrella de la nueva norma no ha corrido la misma suerte que las medidas de seguridad ideadas por Gallardón, que consistían en que, una vez cumplida la condena, la persona pudiera estar sometida a un régimen de libertad vigilada, internamiento psiquiátrico o centro de deshabituación.

Registrada en la Cámara en septiembre de 2013, la tramitación de la modificación del Código Penal se reactivó el pasado noviembre tras la finalización de una fase casi eterna de presentación de enmiendas, con ampliaciones sucesivas durante un año.

Sin rastro de la herencia de Gallardón

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