Un error de Asuntos Internos deriva en la imputación del exnúmero 2 de Policía Judicial

"Ni he consultado nada de la matrícula, ni el terminal aludido está en mi despacho, ni conozco de nada a Francisco Nicolás ni a su entorno, ni he hablado por teléfono con él o con alguien de su entorno y naturalmente que tengo plena capacidad investigadora". Con esta contudencia se expresa el comisario principal Miguel Ángel Barrado en una nota informativa enviada al director adjunto operativo de Policía Nacional, Eugenio Pino, el pasado 24 de marzo a la que ha tenido acceso ABC y en la que pedía que se enviara al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.

Tres semanas después, el titular de este juzgado, Arturo Zamarriego, instructor del caso de Francisco Nicolás, lo ha llamado a declarar como imputado, junto a dos policías municipales, por las gestiones realizadas en torno a dos matrículas -una del CNI- por las que se interesó Nicolás. Los investigadores de Asuntos Internos presentaron un informe al juez en el que aseguraban que el comisario Barrado había consultado esa placa. En la nota interna el que hasta hace dos meses era secretario general de la Comisaría General de Policía Judicial, es decir el "número 2", desmonta en diez puntos su implicación en el caso y denuncia el grave error del investigador de Asuntos Internos responsable del informe.

El comisario Barrado era en ese momento (octubre del año pasado) por el puesto que ocupaba la única persona de la Comisaría General autorizada para acceder a una restringida herramienta de seguridad informática cuyo fin es auditar las consultas que se realizan en las bases de datos de la Policía y la persona que las hace, es decir, controlar el buen uso de dichas bases. El sistema "no facilita titulares de matrículas u otros datos".

Al ser el único autorizado, cualquier petición de la comisaría general para entrar en esa aplicación tenía que pasar por sus manos, aunque quien en la práctica realizaba las consultas era el jefe de informática, con autorización expresa de Barrado y con su clave. Hay un protocolo que regula el funcionamiento y una forma de actuar que se seguía a rajatabla. También en este caso. La petición la realizó al secretario general otro comisario y a este a su vez le llegó a través del segundo jefe de Policía Municipal (responsable además de Asuntos Internos de este Cuerpo) interesado en saber quién de sus hombres habían consultado dos matrículas reservadas.

La petición se refería exclusivamente a "comprobar o saber si algún funcionario policial podría haber consultado dicha matrícula (la del CNI) y no su titularidad o cualquier otra circunstancia", señala la nota interna en la que el comisario recuerda que Nicolás, según la investigación, lo que quería era saber la titularidad o propiedad del vehículo, "lo que en ningún momento se produjo".

El comisario, actualmente destinado en el Centro Nacional contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), arremete contra el inspector de Asuntos Internos por su "falta de rigor" y contra el que era su superior, el comisario Marcelino Martín Blas, ahora cesado. "Muestra -señala respecto al inspector- un desconocimiento palmario y grave de los métodos y herramientas de investigación (salvo que todo obedezca a la mala intención)", y argumenta que todo se hubiera podido comprobar preguntando en la comisaría general antes de referirse a él y filiarlo en sus informes "como a un vulgar delincuente".

Es el penúltimo episodio de la guerra abierta en la Policía Nacional a raíz del caso Nicolay, que ya ha costado el puesto a Martín Blas y una investigación interna al comisario Villarejo, resuelta a su favor. La paz entre mandos y "facciones" está aún lejos.