El último auto de Ruz pide más información a Suiza sobre los acusados de Gürtel

Bárcenas denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales por seguir indagando en sus cuentas en Suiza

El último auto de Ruz pide más información a Suiza sobre los acusados de Gürtel EFE

marisa gallero

El último auto del juez Ruz antes de abandonar la Audiencia Nacional el pasado jueves 16 de abril para volver a su plaza en los juzgados de Móstoles supuso un nuevo varapalo para el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Ese mismo día, el Ministerio Fiscal presento un informe solicitando ampliar la Comisión Rogatoria enviada a Suiza para continuar investigando al ex tesorero del Partido Popular y otros imputados en la primera pieza del caso –Francisco Correa, Pablo Crespo, Alberto López Viejo, Guillermo Ortega y Arturo González Panero–. La solicitud a las autoridades suizas de utilizar la documentación remitida se emite cuando la instrucción de la pieza principal está ya cerrada y en fase de apertura de juicio oral.

Según la Fiscalía, l os acusados habrían ocultado rentas a la Hacienda Pública valiéndose de facturas falsas referidas a servicios irreales ; creado sociedades pantalla carentes de cualquier actividad económica, asesorándose con especialistas, y simulado contratos de compraventa de obras de arte y de préstamos con el fin de ocultar el verdadero origen de los fondos.

En su análisis, le recuerda a Suiza que Luis Bárcenas está acusado por el Abogado del Estado de «17 delitos contra la Hacienda Pública por el concepto de IRPF y de Impuesto sobre el Patrimonio con delitos de falsedad continuada en documento mercantil atribuyéndole un fraude total de 11.240.124,94 euros» y hace un recorrido exhaustivo de los hechos atribuidos a cada uno de los imputados.

En el caso del ex senador por Cantabria, recibir regalos en forma de viajes organizados por una sociedad de Francisco Correa, «Pasadena Viajes», crear la fundación panameña Sinequanon, la sociedad uruguaya Tesedul y la panameña Granda Global para eludir tributar en España. Además, de no haber «efectuado ingreso alguno en Hacienda respecto a las rentas falazmente declaradas como ganancias procedentes de compraventas de cuadros» y firmado «un contrato de préstamo falso» de 3 millones de euros con el ex tesorero de Alianza Popular, Ángel Sanchís.

Ruz es consciente en la redacción de su último escrito que hay una decisión del Tribunal Penal Federal de Suiza que deja en suspenso la autorización del uso de la documentación remitida por el país helvético. Mientras espera esa resolución con «carácter definitivo», da un plazo a las partes para interponer recurso de reforma .

Según Bárcenas, «es una prueba más de la fijación de la Fiscalía conmigo y vulnera mis derechos fundamentales». En un escrito presentado ayer afirma que la resolución lesiona sus derechos «a un proceso con todas las garantías, a un juez imparcial, a la tutela judicial efectiva y al derecho de defensa». Sobre todo, porque acuerdan practicar diligencias de la pieza de Gürtel de la primera época, que se encuentra en fase de apertura de juicio oral.

La defensa de Bárcenas recuerda que ya se han practicado 183 comisiones rogatorias en el procedimiento y que el juez Ruz derivó la decisión final sobre la utilización de la documentación bancaria remitida por las autoridades suizas a la Sala de enjuiciamiento. «Ninguna de las acusaciones hizo uso de lo dispuesto en el artículo 780 Lecrim a los efectos de interesar como diligencia complementaria, una nueva comisión rogatoria. Y todas las partes acusadoras efectuaron sus respectivos escritos de acusación». Por lo tanto, la pieza separada «Comisiones Rogatorias» no posee entidad independiente.

Francisco Maroto y Joaquín Ruiz de Infante critican al juez Ruz haber solicitado esta nueva comisión cuando la instrucción «se encuentra agotada» por la existencia del Auto de apertura de juicio oral. «¿Cómo puede mi defendido formular su escrito de defensa mientras se siguen practicando diligencias con el fin de subsanar y complementar la instrucción?». Por ello, piden la nulidad de las Comisiones Rogatorias acordadas.

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