La secretaria de Granados destruyó documentos el día siguiente del arresto
Carmen Arcas, acompañada por un policía local, ordenó a un trabajador discapacitado del Ayuntamiento de Valdemoro «triturar varias cajas»
Francisco Granados fue el principal detenido en el estallido de la operación Púnica el pasado 27 de octubre. Sólo un día después, la que fuera su secretaria, María del Carmen Arcas, ordenó la destrucción de infinidad de documentos del Ayuntamiento de Valdemoro, epicentro de la trama corrupta, del que Granados fue alcalde. El mismo día de la detención, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvieron en el consistorio madrileño practicando un registro. Menos de 24 horas después tuvo lugar el triturado de varias cajas llenas de documentos.
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Una funcionaria encargada del archivo municipal lo descubrió y lo puso en conocimiento del ayuntamiento mediante un escrito oficial presentado en el Registro, al que ha tenido acceso ABC: «El pasado 28 de octubre de 2014 (...) María del Carmen Arcas Maurín, jefa de Secretarias de Alcaldía, Servicio de Atención al Ciudadano y Registro General del Ayuntamiento, dio la orden de que dos trabajadores, subordinados suyos, solicitaran las llaves del Archivo (...) para proceder a la destrucción de varias cajas de documentación que estaban depositadas en las dependencias de Alcaldía».
Integración laboral
Según fuentes consultadas por este diario, uno de los empleados a los que se les encargó la destrucción de los papeles pertenecen a un programa de integración para discapacitados mentales y se encargan de tareas rutinarias. Según el escrito, utilizaron «una destructora de gran capacidad» que está en el archivo.
«He de decir que esa actuación fue realizada sin mi conocimiento y, por supuesto, sin mi consentimiento y tuvo lugar al día siguiente de la que la UCO (Unidad Central Operativa) procediera al registro del Ayuntamiento con motivo de la operación Púnica », añade la funcionaria denunciante. Además de quien fuera secretaria de Granados, también habría participado un policía local: «Con posterioridad a esos hechos, ese mismo día, la señora Arcas, acompañada de un agente de la Policía Local, volvió a solicitar las llaves del Archivo». La funcionaria asegura que la secretaria de Granados dijo tener autorización para recoger las llaves del archivo, lo que es «incierto», y «dio órdenes a los mismos trabajadores que habían estado triturando documentación, para que desplazaran la destructora a otro lugar del edificio consistorial».
Arcas fue secretaria de Francisco Granados cuando este era alcalde de Valdemoro (1999-2003) y lo siguió a la Comunidad de Madrid, de la que que el político fue consejero de Transportes (2003-2004) y de Presidencia, Justicia e Interior (2004-2011). Cuando Esperanza Aguirre destituyó a su número tres, María del Carmen Arcas fue contratada de nuevo como personal laboral del Ayuntamiento de Valdemoro.
La funcionaria denunciante firmó el escrito de su puño y letra el 29 de octubre de 2014 y, un día después, lo entregó en el Registro General del Ayuntamiento de Valdemoro con tres destinatarios: el alcalde en funciones, el secretario general y la concejal delegada de Patrimonio y Archivo.
Destrucción de pruebas
Pese a que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de destrucción de pruebas y obstrucción a la Justicia, los responsables del consitorio madrileño no los pusieron en conocimiento de la Guarida Civil, ni de la Audiencia Nacional ni de la Fiscalía Anticorrupción. La denuncia ha estado «enterrada» casi medio año, hasta que ayer Serafín Faraldos, portavoz del grupo municipal socialista, consiguió una copia y la entregó en la Audiencia Nacional. «Como ciudadano y como cargo público me veo en la obligación de informar al juez instructor, Eloy Velasco, de esta sospechosa destrucción de documentos», declara Faraldos a ABC.
El portavoz del PSOE había escuchado «rumores» sobre este suceso, lo que le llevó a solicitar oficialmente la denuncia el pasado 29 de noviembre. Pese a que como concejal tiene derecho a recibir el documento público en un plazo de cinco días, «no me han dejado acceder a él hasta ayer, casi seis meses después», añade. El líder municipal del PSOE denuncia que los responsables del ayuntamiento «no han hecho nada, ni siquiera abrir un expediente informativo». Cuando sucedieron los hechos, el alcalde en funciones, tras la detención de José Carlos Boza, era el cuñado de Granados, Germán Alarcón, que dimitió ese mismo día. Desde entonces ha habido dos alcaldes más: Manuel Salguero y el actual, David Conde.
