Las leyes anticorrupción comienzan a entrar en vigor de manera escalonada

Las leyes anticorrupción han empezado a entrar en vigor desde este miércoles, después de su publicación el martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La primera que ha empezado a aplicarse es la ley de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos , aunque parcialmente. La ley del Estatuto del alto cargo lo hará dentro de 20 días, mientras que la reforma del Código Penal no se activará plenamente hasta el 15 de julio.

La entrada en vigor de la ley orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos supone que las donaciones a las formaciones políticas procedentes de personas jurídicas están prohibidas desde hoy. También las condonaciones de deuda a los partidos por entidades de crédito y la reducción a 50.000 euros del límite de donaciones de personas físicas a partidos.

La ley, sin embargo, aplaza hasta el 1 de enero de 2016 la entrada en vigor de uno de sus puntos: el que contiene las obligaciones relativas a la contabilidad de los partidos políticos. Se refiere a la publicación de información contable y la regulación de la figura del responsable de la gestión económica-financiera del partido.

La ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado entrará en vigor el próximo 20 de abril. Con esta ley, se limitan los gastos de representación, se prohíbe el uso de tarjetas de crédito, se refuerzan las incompatibilidades en el ejercicio de actividades económicas privadas tras el cese y se controla la situación patrimonial del alto cargo al final de su mandato para detectar posibles indicios de enriquecimiento injustificado, entre otras cuestiones.

La reforma del Código Penal no entrará en vigor hasta el 1 de julio de 2015. Implica tipificar el delito de financiación ilegal de partidos, se amplían los plazos de prescripción y el Gobierno deberá remitir al Congreso cada seis meses un informe sobre la concesión y denegación de indultos.

Las medidas contra el terrorismo yihadista, que se han tramitado de forma paralela a la reforma del Código Penal, también entrarán en vigor el 15 de julio. Además, la ley de Enjuiciamiento Criminal, que debe completar el paquete anticorrupción, se encuentra aún en fase de debate parlamentario. Está previsto que se apruebe de forma definitiva antes del verano.