Tasas judiciales: el coste político de una medida polémica
El Gobierno liquida unas tasas que han generado menos ingresos de lo previsto: 615 millones de euros en dos años
Cinco recursos de inconstitucionalidad, dos modificaciones, una advertencia del Tribunal Supremo y, sobre todo, una presión social que ha terminado dando la razón a quienes aseguraban que la ley de tasas era precipitada, innecesaria y desproporcionada.
Más de dos años en vigor y desde el primer día el exministro Alberto Ruiz-Gallardón tuvo enfrente a todos los colectivos que prestan sus servicios en la Administración de Justicia. Gravarla con un impuesto nuevo e inédito en España no ha conseguido acabar con la litigiosidad ni aumentar de forma significativa la recaudación del Estado. Según informaron a ABC fuentes próximas a Justicia, desde que se impusieron las tasas el Ministerio de Hacienda, del que es titular Cristóbal Montoro, ha ingresado un total de 615 millones de euros por este concepto, sensiblemente inferior a lo que se esperaba: hasta septiembre 2013 se habían recaudado 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año.
Durante este tiempo las tasas han estado vigentes en tres de los cinco órdenes jurisdiccionales: Civil, Contencioso-Administrativo y Social (Laboral), y las cantidades que el ciudadano ha tenido que pagar por acceder a la Justicia han oscilado entre los 100 y los 1.200 euros en función de la jurisdicción, del procedimiento y de la cuantía del pleito.
El portazo al «tasazo» llegó ayer, tras dos años de clamor social en la calle. Asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, Abogacía, grupos parlamentarios, organizaciones de consumidores e incluso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, advirtieron sobre la posible inconstitucionalidad de una medida «desproporcionada» y que, a juicio de los letrados, constituye una barrera para el acceso a la Justicia.
Los abogados han jugado un papel fundamental en la rectificación del Gobierno. Su balance es que durante este tiempo las tasas han favorecido el «abuso e impunidad de las Administraciones Públicas», exentas del pago; que las empre’sas y particulares con mayores recursos económicos no han sufrido privación alguna en el acceso a la justicia, ni siquiera en caso de «abuso» y que se ha demostrado que el único fin que perseguían las tasas era el afán recaudatorio. En enero de 2013, los sindicatos entregaron a Justicia 250.000 firmas contra las tasas; tres meses después, un letrado de Vigo aportaba 170.000.
Para la abogada Verónica del Carpio, una de las más combativas contra el «tasazo» de Gallardón en las redes sociales, asegura que el estudio económico sobre el que se sustentaron las tasas «no era mínimamente serio», ni en datos ni en cuantías. Tampoco en estadísticas ni en los factores a tener en cuenta. El propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, reconoció ayer que no es capaz de valorar cómo ha sido el impacto de las tasas en la disminución de la litigiosidad porque junto a este tributo han podido influir otros factores, como la crisis económica en la que se ha visto inmersa España.
Sin estudio económico
Del Carpio pone el acento en que cuando se decidió gravar con un impuesto el acceso a la justicia se trató exactamente igual al ciudadano que a una pyme y a esta igual que a una gran empresa. «No se argumentó en ningún momento por qué se equiparaban» ni se distinguieron los distintos tipos de procedimiento, ni se mencionaban los casos de derecho de Familia.
Fruto de esa improvisación fue que la ley entrara en vigor, en diciembre de 2012, sin que hubiera formularios para rellenar en los juzgados o que la inclusión de las tasas en recursos de la jurisdicción laboral mereciera una llamada de atención por parte del TS.
El compromiso era vincular la tasa a la justicia gratuita y, sin embargo, lo recaudado no ha ido a financiar esta partida. Madrid o Galicia han amenazado con devolver las competencias de Justicia si no se les daba el dinero prometido para financiar precisamente la justicia gratuita.
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