caso noos
El juez Castro y Roca se enzarzan en duras descalificaciones por imputar a la Infanta
El magistrado ve «chocante» que hable de excesos la defensa, que los ha provocado, dice, pidiendo sobreseimiento de la causa
La Infanta Cristina será juzgada por fraude a la administración pública. Ya no quedan más balas en la recámara. Así lo ha decidido el juez instructor del caso Nóos, José Castro, al rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la hermana del Rey, que encabeza Miquel Roca, contra el auto de apertura de juicio oral que dictó el pasado 22 de diciembre.
En el nuevo auto, Castro replica duramente las acusaciones de Roca en torno a la «doctrina Botín», según la cual, en los delitos de estas características sólo puede acusar el Ministerio Público.
Es más, Castro le dice a Roca que la acusación particular ejercida por el sindicato Manos Limpias está legitimada para ejercer esta función. En su primer texto, el juez ya recordaba que en el caso de los delitos contra la Hacienda Pública cualquiera puede acusar, pues el hecho de defraudar repercute sobre todos los ciudadanos. No dudó el magistrado en citar antiguas campañas de prensa como la popular «Hacienda somos todos».
Roca también alegó falta de legitimación de la acción popular ejercitada por Manos Limpias para acusar por delitos contra la Hacienda Pública, y falta de fundamento y desproporción de la fianza acordada contra Cristina de Borbón (que el magistrado fijó en 2,7 millones de euros).
En el largo recorrido de idas y vueltas, los documentos legales que se han intercambiado Castro, el bufete Roca y la Fiscalía Anticorrupción, han ido subiendo de tono, hasta el punto de alcanzar argumentaciones inusuales en lo que a lenguaje jurídico se refiere.
Así, las partes se han intercambiado toda una serie de acusaciones veladas y reproches. Como muestra un botón. Tanto Roca como el fiscal Pedro Horrach han acusado a Castro de basar sus escritos en artículos de opinión publicados en los diarios; y el juez ha insinuado que no es el responsable de someter a nadie a la conocida como «pena del banquillo», aunque tampoco es su función evitarlo.
En el caso concreto de este rechazo, cabe recordar que Castro especificó en el auto de apertura de juicio oral que no cabía recurrir dicha decisión. No obstante, el equipo legal liderado por Miquel Roca y Jesús María Silva pidió al juez que elevara su recurso de apelación a la Audiencia de Palma «en cumplimiento de las garantías constitucionales» y alegó que no admitirlo supondría «fraude de ley».
La defensa de la Infanta se opuso a «determinados pronunciamientos» del auto de apertura de juicio oral de Castro porque considera que incurre en «excesos», no se ciñe a lo estrictamente propio de este tipo de auto e incluye «una materia que debe ser objeto de una resolución previa: la de la legitimación procesal para solicitar la apertura de juicio oral».
Castro negó ayer en su auto dichos «excesos» y señaló que la falta de legitimidad de la acusación popular que alegó la defensa para pedir que no se abriera juicio contra ella «se convirtió en un argumento tan indiscutiblemente asociado a la apertura de juicio oral» que el juez «estaba obligado a abordarlo». «Se desconoce de qué exceso resolutivo, inoportuno y caprichoso estaríamos hablando».
«Chocante»
El instructor del caso Nóos calificó de «chocante» que «ese alegado desbordamiento» lo esgrima con «mayor vehemencia» quien lo habría propiciado al solicitar el sobreseimiento de las actuaciones contra la Infanta cuando todavía no se conocían ni siquiera los escritos de acusación y por tanto si era o no acusada por alguna parte.
Castro negó también la indefensión alegada por Roca y Silva porque el auto de apertura de juicio «no cierra definitivamente el debate» sobre las peticiones de los acusados, que pueden reproducirse ante el órgano que vaya a juzgarlos, en este caso la Audiencia de Palma de Mallorca.
El juez Castro precisó también que contra sus decisiones de rechazar los recursos de la Infanta y Ana María Tejeiro «sólo cabe recurso de queja» a interponer ante la Audiencia de Palma. Los abogados de la Infanta Cristina ya han anunciado que no formularán dicha queja para que no se interprete que quieren dilatar la causa.
Por el momento se desconoce el momento en que se iniciará el juicio oral contra la Infanta Doña Cristina, aunque las fuentes judiciales consultadas apuntan que el proceso podría celebrarse a finales de 2015 o a principios de 2016.
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