El Congreso avala a Consuelo Madrigal como fiscal general del Estado
El examen parlamentario, cuya superación tendrá garantizada gracias a la mayoría absoluta del PP, será antesala de la formalización por parte del Gobierno de su nombramiento
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados examina este jueves la idoneidad de Consuelo Madrigal Martínez-Pereda para ser la nueva fiscal general del Estado, cargo que dejó vacante Eduardo Torres-Dulce tras dimitir el pasado 18 de diciembre. Consuelo Madrigal, propuesta por el Gobierno, llega a la Cámara Baja después de haber obtenido el aval unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El examen parlamentario, cuya superación tendrá garantizada gracias a la mayoría absoluta del PP, permitirá al Gobierno formalizar su nombramiento en el siguiente Consejo de Ministros, previsiblemente este mismo viernes. Tras ello, Madrigal jurará o prometerá el cargo ante el Rey y tomará posesión ante el Pleno del Tribunal Supremo.
El fiscal general es nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y previa valoración de idoneidad por parte de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Estos órganos verifican que el candidato cumpla los requisitos legales para acceder al puesto.
El mismo día de la renuncia de Torres-Dulce, el presidente de la Comisión de Justicia, Alfredo Prada, ya hizo llegar al presidente del Congreso, Jesús Posada, la propuesta de fijar para el 8 de enero la comparecencia en la que los diputados podrán verificar los méritos y la idoneidad de la que está llamada a desempeñar la máxima responsabilidad en el Ministerio Público.
La oposición tiene pedida la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para explicar ante el Pleno del Congreso por qué dimitió Torres-Dulce, pero esta solicitud no se discutirá en la Junta de Portavoces de la Cámara hasta el 13 de enero, ya debatida la candidatura de la nueva fiscal general.
Consuelo Madrigal Martínez-Pereda, una fiscal profesional, discreta y no adscrita a ninguna asociación, se convertirá así en la primera mujer que llega a ser fiscal general del Estado, un puesto que ocupará en un año marcado por las citas electorales y los casos abiertos por corrupción en los tribunales. El Estatuto Fiscal le otorga la opción de ser renovada si así lo decide el Gobierno que salga elegido para la próxima legislatura.
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