La FAPE considera «inaceptable» la actitud del juez Andreu con los periodistas de ABC
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España cree que controlar las conversaciones de redactores del diario «atenta contra la libertad de información y el secreto profesional»
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) cree que la investigación realizada por el magistrado Fernando Andreu sobre las conversaciones que mantuvieron dos periodistas de ABC desde sus teléfonos móviles, de la que da cuenta hoy este diario , puede «atacar a la libertad de información si como resultado de esa investigación se ha vulnerado el derecho al secreto profesional de los periodistas» y cree además que este hecho es «inaceptable».
En un comunicado, la FAPE ha querido expresa «su más enérgica protesta ante unos hechos que pueden atentar contra los principios más básicos del periodismo» y recordar, una vez más, que «sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia».
La presidenta de la FAPE, Elsa González, ha suscrito a este diario todo lo contenido en el comunicado y ha asegurado no entender la acutación del magistrado, que supone «un atentado contra el secreto profesional».
En la misma línea se ha expresado la Asociación de la Prensa de Madrid, también a través de un comunicado, en el que considera que la decisión del juez Fernando Andreu de someter a dos periodistas de ABC a una investigación sobre sus conversaciones telefónicas «puede incurrir en una conculcación de la libertad de información si, como consecuencia de tales actuaciones, se ha vulnerado el derecho al secreto profesional de los informadores».
El juez pidió el listado de las llamadas telefónicas y la identidad de todos los que se comunicaron por esa vía con dos periodistas de este diario, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Además, la información sobre el tráfico de llamadas que los dos periodistas generaron ha acabado, «sin ningún filtro ni reserva», en manos del abogado defensor del extesorero del PP Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño. «La revelación de estos datos puede dar a conocer las fuentes de los periodistas, por lo que, si así fuera, el secreto profesional quedaría totalmente desvirtuado, en un clara vulneración de la libertad de información», indica la APM.
Andreu investiga un posible delito de revelación de secreto sumarial que se habría cometido tras la publicación por ABC del contenido parcial de la comunicación telefónica que mantuvo en abril de 2013 un mafioso detenido en la operación «Tarantela» contra clanes de la Camorra napolitana con otra persona, a la que comentó sus conversaciones con Bárcenas antes de que éste ingresara en prisión.
«La APM rechaza rotundamente que los dos periodistas hayan incurrido en un delito de revelación de secreto sumarial». Tanto si el secreto tiene por objeto hacer posible la investigación y el acopio de pruebas, como si se justifica por la protección de la presunción de inocencia de los encausados, lo reprobable no es que los periodistas difundan las noticias que reciben al respecto, sino que, en su caso, alguien se las dé incumpliendo el deber de sigilo. El secreto sumarial, en definitiva, es difícilmente vulnerable sin la colaboración explícita de quienes deben protegerlo.
El periodista puede y debe dar a conocer cualquier información que sea veraz y de interés general, al mismo tiempo que tiene el deber de garantizar la confidencialidad de las fuentes de información, concluye la Asociación de la Prensa de Madrid.
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