La ley de Seguridad avanza hacia su aprobación

El Congreso de los Diputados aprobará este jueves remitir la futura ley de Seguridad Ciudadana al Senado, recta final de la tramitación de una normativa controvertida que cuenta casi en exclusiva con el apoyo del PP, que defiende la plena constitucionalidad del proyecto frente a la oposición que, en bloque, rechaza la norma, que califica como «mordaza» y que promete derogar cuando cambien las mayorías. Lo que hoy se somete al juicio de los diputados es el dictamen del proyecto, aprobado el 25 de noviembre en la comisión de Interior, que incorpora decenas de enmiendas al texto inicial.

Sin duda, una de las propuestas más discutidas será la enmienda del PP introducida vía diposición adicional para que se modifique la ley de Extranjería y se dé cobertura legal a las llamadas «devoluciones en caliente», que finalmente solo podrán llevarse a cabo cuando se intente sobrepasar «en grupo» los elementos de contención o vallas.

Fuera de esta modificación, se han introducido otros cambios respecto al texto inicial, como rebajar de grave a leve el conocido como «botellón», de forma que será multado con hasta 600 euros. No se considerará infracción -en el proyecto figuraba como leve- la práctica de juegos o de actividades deportivas en espacios públicos no habilitados para ello, cuando exista un riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.

Con todo, la oposición volverá a rechazar la futura ley en el Congreso, después de que ayer mismo diputados del PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, ERC y Amaiur, entre otros, se sumaran a una protesta de organizaciones como Avaaz, No Somos Delito, la PAH, Greenpeace y SOS Racismo en contra de una norma que califican como «mordaza» de la protesta ciudadana. «El Gobierno seguirá sólo con su plan de aprobar esta 'ley de inseguridad ciudadana o ley mordaza', que pretende acallar las protestas de la ciudadanía ante la crisis» y «criminalizar la protesta», ha dicho una de sus portavoces.

Frente a las críticas, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reiterado en diversas ocasiones que la futura ley de Seguridad, que sustituirá a la de 1992, «respeta el necesario equilibrio entre seguridad y libertad», es «profundamente garantista» y tiene «perfecto encaje en el ordenamiento jurídico».