Las acusaciones del caso Bárcenas denuncian «maniobras» para apartar a Ruz

Las cinco organizaciones que ejercen la acusación popular en el caso de los «papeles de Bárcenas» denuncian «maniobras» del poder político y económico para «apartar» al juez Pablo Ruz, lo que consideran «el colofón a los múltiples obstáculos puestos a la instrucción» de este caso y de Gürtel.

En un comunicado conjunto, Izquierda Unida, Asociación Libre de Abogados, Ecologistas en Acción, Federación de Los Verdes y la Asociación Justicia y Sociedad anuncian «movilizaciones y actos de protesta para que trascienda públicamente esta escandalosa situación, que pone en evidencia cómo han trabajado el PP y sus responsables en un buen número de las instituciones que controla para conseguir que los presuntos delitos queden impunes».

«Comprobamos ahora una vez más con estupefacción cómo destacados representantes del poder político y económico maniobran para que la Justicia no les alcance. No vamos a permitirlo. De ahí los actos de denuncia pública que llevaremos a cabo para que trascienda cómo se trabaja desde las instituciones para conseguir que los presuntos delitos queden impunes», anuncian.

En el texto, al que ha tenido acceso ABC, las acusaciones recuerdan que el caso de Bárcenas ya empezó con complicaciones y que de hecho «se optó por sumar» este procedimiento a caso Gürtel «para evitar que cayera en manos del juez Gómez Bermúdez, no sin flagrantes irregularidades y saltándose los criterios de reparto de casos de la Audiencia Nacional». Por otro lado, el Ministerio Fiscal, dicen, «ha venido trabajando más como la defensa de los imputados que ejerciendo su papel de custodia de los intereses colectivos». Y a esto se añade «nada menos que tres sustituciones (desde que comenzó la instrucción) en la cúpula de la UDEF presumiblemente para conseguir un mayor control gubernamental en lo que se investigaba».

Los cinco querellantes hacen «un balance positivo de lo conseguido hasta ahora», una lectura contraria a la que, a su juicio, hacen desde el PP y el Gobierno «al comprobar cómo los casos de corrupción que presuntamente muestran los papeles de Bárcenas acorralaban a destacados dirigentes populares y responsables de constructoras». En este sentido, resaltan que llegar hasta este momento de la instrucción ha sido difícil para las acusaciones populares por «dificultades impuestas por el propio PP y por sus responsables en un buen número de las instituciones que controla». Entre esas trabas mencionan la «persistente resistencia a entregar la información solicitada», un episodio con el que Ruz terminó ordenando el registro de la sede de Génova.

A su juicio, el PP está acorralado y es en ese contexto en el que hay que enmarcar «el cese en tres meses del juez Ruz: esto es lo que realmente ha decidido la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial», afirman.