El Gobierno defiende su ley contra la corrupción de los ataques del PSOE

El PSOE ha encontrado un nuevo caballo de batalla para hacer oposición: la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim); más concretamente, la posibilidad de que la Policía inicie el control de comunicaciones sin autorización judicial, por razones de urgencia. Pedro Sánchez ha puesto este sábado el grito en el cielo: «Ahora hacen una suerte de Gran Hermano que genera mucha desconfianza en los ciudadanos», ha lamentado, rotundo, en los corrillos del Congreso durante la celebración del Día de la Constitución.

«Se trata de una vuelta de tuerca más en el recorte de derechos» que el Gobierno está llevando a cabo en esta legislatura, ha asegurado antes de enumerar otras iniciativas denunciadas por el Partido Socialista: la ley del Aborto, la de Seguridad Ciudadana o los recortes en sanidad y educación. Los socialistas aseguran que no van a dejar pasar esta ley e incluso advierten de que podrían recurrirla ante el Tribunal Constitucional.

Al líder del PSOE no le convencen los argumentos que ofrece el Ejecutivo para incluir esas escuchas en la reforma de una Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1882 y que según el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, sirve «para el robagallinas» de aquella época, no para la delincuencia sofisticada de 130 años después.

Antes de hablar con los informadores, al secretario general del PSOE se le ha podido ver departiendo con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, por espacio de varios minutos. Luego, el propio ministro también ha hablado con los periodistas para infundir tranquilidad respecto a las posibilidades que da el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros. El titular de Justicia confía en que las escuchas sin autorización previa cuenten con el beneplácito de los órganos consultivos, Consejo de Estado y Consejo general del Poder Judicial (CGPJ), y que luego logre el consenso de las fuerzas políticas en el Parlamento.

Catalá ha aclarado que ese tipo de actuación no será generalizada, sino solo para casos de urgencia en la investigación, y tendrá que ser autorizada por el juez en las 24 horas siguientes.

De forma gráfica, el ministro de Justicia ha asegurado que se trata de una medida dotada de «tanta excepcionalidad» y «tan singular» que no puede pensarse que España pueda convertirse en «un estado policial» cuando se apruebe la ley en las Cortes. Catalá ha mostrado sorpresa porque este asunto de las escuchas sin autorizacion judicial sea el que más interés informativo está suscitando y explicó que lo único que pretende el Ejecutivo es dar base legal a la escucha en delitos graves y que requieren inmediatez.