Alcaldes de la Púnica camuflaban sus comisiones pagando falsas auditorías
El dinero público que abonaban por ese supuesto trabajo era el que luego se repartían
«Las autoridades municipales se han plegado a los intereses de los investigados hasta el punto de incurrir en facturación falsa, falsear informes técnicos que reflejarían actuaciones que en realidad no se han realizado o adjudicar trabajos sin contrato previo».
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que instruye la operación Púnica contra el exsenador del PP Francisco Granados , su socio David Marjaliza y otro medio centenar de imputados, detalla de esta forma el meollo de la red clientelar que floreció durante años, auspiciada por quienes se beneficiaban de ella y también por quienes la silenciaron.
«Algunos alcaldes llegaban casi a coaccionar a interventores y otros funcionarios municipales que debían plegarse si no querían perder parte de su sueldo. La amenaza era quitarles el incentivo, la productividad, que constituía buena parte de la nómina», explican los investigadores del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO. El hartazgo y el silencio de estos años ha provocado que, tras el estallido de la operación, los agentes estén recibiendo sin parar llamadas y correos para aportar más información sobre las mordidas, un hecho insólito en un caso de corrupción.
Denuncias en cascada
«Dos agentes se están dedicando en exclusiva a atender estas informaciones, que llegan tanto a nuestro grupo como a otras unidades de Guardia Civil sobre todo de trabajadores municipales y también de algún político, pero en menor medida. Otras son anónimas», señalan estas fuentes. «Tenemos tanto delaciones de irregularidades en ayuntamientos como chanchullos de la empresa Cofely , eje de la trama».
Los agentes tienen conversaciones grabadas en las que se habla casi sin tapujos de ese 3 por ciento, la comisión que recibieron supuestamente alcaldes de varios municipios madrileños por adjudicar de manera irregular contratos públicos o gestión de bienes y servicios a las empresas de la trama. Las investigaciones han puesto al descubierto que ese dinero ni siquiera lo pagaban las empresas beneficiadas, sino que salía de las propias arcas municipales, arruinadas y endeudadas.
La fórmula (documentada en los casos de Parla y Collado Villalba de manera fehaciente) era la siguiente. Los contratos de eficiencia energética exigían una auditoría. Esta se encargaba a la empresa Ruta Energética, creada en Valdemoro el año pasado y vinculada a la trama a través de David Marjaliza y Cofely, la adjudicataria de buena parte de los contratos. Ruta Energética entregaba una supuesta auditoría que no tenía ningún valor como tal, pero el «trabajo» se pagaba desde el Ayuntamiento con una cantidad de entre el 2 y el 3 por ciento del total del contrato. Resumen: Cofely recibía la adjudicación de forma irregular sin tan siquiera pagar la mordida, que salía del presupuesto municipal, de ahí que el juez se refiera al falseamiento de informes técnicos y facturación falsa (servicios no prestados).
Uno de los casos paradigmáticos es el contrato firmado por el Ayuntamiento de Parla con Cofely, por un total de 54 millones de euros más cerca de 11,5 de IVA. Le dio el visto bueno la comisión de gobierno el 31 de mayo de 2013 y como parte del contrato se incluía una de estas auditorías, con un coste del 2 por ciento. Le fue adjudicada a Ruta Energética. El dinero público abonado por esa auditoría sería el que luego se repartía en comisiones.
El negocio era tan redondo para los implicados que algunos alcaldes ya pensaban en el futuro. En plena operación, los agentes descubrieron con sorpresa que el pasado agosto se disparó la contratación pública en varios de los consistorios investigados: pliegos de condiciones para los próximos tres años con la comisión de rigor en un mes en el que es infrecuente esa actividad.
«Algunos alcaldes se estaban haciendo la hucha antes de las próximas elecciones», explican los agentes, que siguen analizando decenas de expedientes, no solo de la Comunidad de Madrid sino también de la Diputación de León , de Murcia, aclaran los investigadores.
El otro gran puntal de la investigación es la reconstrucción de la operativa de blanqueo que sirvió como inicio a las pesquisas cuando en febrero las autoridades suizas alertaron de varias cuentas a nombre de Granados y su esposa; de David Marjaliza y su mujer y de la sociedad Sheraton Trading, relacionada con ellos, así como de las operaciones de compraventa de activos financieros, divisas y transferencias internacionales realizadas, en concreto ventas fraudulentas de obras de arte, uno de los métodos clásicos de lavado de dinero, a través de CDD Investment.
Ventas de arte fraudulentas
En la trama han aparecido dos despachos de abogados: uno llevaba la asesoría fiscal de David Marjaliza (quien cuenta con más de 30 millones de euros y una veintena de sociedades en las que él no aparece, ya que al frente ha colocado a testaferros); el otro se encargó de diseñar el blanqueo del dinero amasado con el cobro de comisiones.
«Las investigaciones han permitido cerrar el círculo de la operativa en la que el dinero colocado en Suiza retorna después a España tras pasar por varios países bajo la apariencia de diversas operaciones de exportación», detalla el juez en referencia a la compra-venta de obras de arte. La ruta era Suiza, Costa Rica, Singapur y vuelta a España ya lavado y listo para gastar.
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