Las claves del auto del Supremo sobre Chaves y Griñán
Se declara competente para investigarlos por su posible participación en el sistema de ayudas irregulares de la Junta de Andalucía
Los hechos denunciados
El Alto Tribunal investigará un sistema que permitió destinar un total de 855 millones de euros a ayudas eludiendo el procedimiento y control propio de las subvenciones. Este sistema, creado dentro de la Junta de Andalucía, funcionó durante doce años: de 2000 a 2012, con Chaves y Griñán como presidentes de la Junta.
Una investigación «imprescindible»
El Tribunal Supremo considera que por la «alta y especial responsabilidad política» de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y de los otros tres aforados nacionales resulta «imprescindible continuar la investigación».
Solo los aforados nacionales
Entre los nueve aforados a los que menciona la juez Alaya en su exposición motivada, hay cinco aforados nacionales (tres diputados y dos senadores) y cuatro autonómicos (parlamentarios andaluces). El Supremo asume su competencia solo para los primeros.
Ayudas a dedo
La Consejería de Empleo, «sin ajustarse a procedimiento alguno, y sin más soporte que su propia decisión», acordó la concesión de ayudas y realizaba traspasos de dinero a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para que procediera a hacer efectivo el pago a los beneficiarios, «cuya identidad era decidida directamente por la propia Consejería».
El destino de los fondos
El Supremo recuerda que, según la exposición motivada de la juez Alaya, el destino de las cantidades previstas para las ayudas se orientó mayoritariamente hacia personas y empresas próximas a los sindicatos, cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE andaluz .
Los posibles delitos
Los delitos por los que se va a investigar a los cinco aforados son los de malversación de caudales públicos y prevaricación, por la adjudicación de ayudas eludiendo los controles de las subvenciones.
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