Así quieren acabar los partidos con la corrupción

Paquete de medidas del Gobierno

Marzo. Es la fecha límite que se ha marcado el Gobierno para que sus medidas anticorrupción entren en vigor . El Ejecutivo ya no quiere esperar más al PSOE. Lo hizo por las elecciones europeas y, después, por la marcha de Alfredo Pérez Rubalcaba. Ahora, con la urgencia de los últimos escándalos, Mariano Rajoy quiere tomar la iniciativa, aunque sea en solitario.

Porque aunque el PSOE haya optado finalmente por darle la espalda al Ejecutivo, Rajoy quiere que las cincuenta medidas para la regeneración democrática echen a rodar dos meses antes de las elecciones municipales autonómicas y municipales . Que quede claro que desde el Gobierno se hace todo lo posible para atajar las prácticas irregulares, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

El caso de las tarjetas «black» de Caja Madrid y el posterior escándalo de la operación Púnica dinamitaron las relaciones entre el PP y los partidos de la oposición. A pesar de eso, el Ejecutivo ve posible que durante la tramitación parlamentaria pueda llegar a acuerdos puntuales con los partidos porque «en lo esencial hay acuerdo». Estas son algunas de las medidas que ha puesto el Gobierno sobre la mesa:

La reforma de la ley orgánica de financiación de partidos pretende reducir la subvención estatal e incorporar medidas de control.

Se limitaron las cesantías que cobraban los ex altos cargos, para hacerlas incompatibles con otra retribución.

Se extendieron las máximas obligaciones de transparencia incluso bancaria a un elevado número de sujetos públicos y privados.

La reforma de las Administraciones Públicas trata de impulsar una cultura ética a través de políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público.

Entrará plenamente en vigor este 10 de diciembre (excepto la parte autonómica). Incluye infracciones y sanciones, y afecta a diversas instituciones, incluida la Casa Real.

La ley de control financiero de los partidos que se va a tramitar incluye la prohibición de las donaciones procedentes de personas jurídicas.

Se prohibirán las condonaciones de deuda a los partidos por entidades de crédito. Regulación de la figura del responsable de la gestión financiera de un partido.

Obligación de todos los partidos de presentar sus cuentas. Retención de subvenciones si no se presentan las cuentas o hay irregularidades.

La futura ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado prohibirá las tarjetas de crédito a cargo de la Administración para pago de gastos de representación.

Habrá exigencia de requisitos de idoneidad para ser alto cargo. Publicidad de retribuciones. Limitación de gastos y control de la situación patrimonial al final de su mandato.

33 medidas del PSOE

El PSOE ha decidido no pactar con el Gobierno el plan de medidas para la regeneración . Identifican al PP con el «partido de la corrupción», sobre todo después de la operación Púnica, e insiste en que los populares quieren «tapar sus vergüenzas» yendo de la mano de los grupos de la oposición. La formación que lidera Pedro Sánchez ha difundido un paquete con 33 medidas anticorrupción :

- Incrementar las penas y las conductas que constituyen los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraudes.

- Incorporar una cláusula que agrave los delitos de apropiación indebida, blanqueo, etc... cuando los cometa un cargo público.

- Incrementar las penas de inhabilitación.

- Devolución del dinero. Que el condenado responda a las consecuencias de la corrupción con todos los bienes y derechos.

Modificación de la Ley del Poder Judicial y de Enjuiciamiento

- Que la Audiencia Nacional instruya y juzgue los delitos de corrupción.

- Que el proceso sea preferente y sumario.

- Para poder publicar las infracciones tributarias de más de 30.000 euros y sus autores.

- Aumentar los casos que prohíben contratar con las Administraciones.

- Fortalecer la prohibición de fraccionar los contratos.

- Reducir las oportunidades de adjudicación por procedimiento negociado.

- Ninguna ayuda para los condenados por corrupción política.

- Prohibido indultar a quienes han utilizado el cargo para enriquecerse.

- Obligatoriedad de cualquier órgano administrativo de colaborar con este Tribunal.

- Creación de una Oficina Anticorrupción.

- Cese obligatorio de altos cargos en el momento en que sean llamados a juicio oral por corrupción.

- Suspensión de parlamentarios y concejales en ese momento o cuando sean procesados. Si hay condena, deberán cesar.

- Prohibición de nombrar alto cargo quien se halle incurso en juicio oral como imputado o procesados por corrupción.

- Incorporar en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que esos mismos casos sean causa de ineligibilidad.

- Primarias obligatorias.

- Congreso cada cuatro años máximo.

- Crear un órgano de reclamación a la dirección del partido.

- Incluir en los Estatutos el supuesto de fin de militancia por corrupción.

- Crear la figura del defensor del militante.

- Publicidad de los procesos de adjudicación de publicidad.

- Publicidad de los acuerdos sobre suelo y ordenación urbana.

- Regulación de lobbies.

- Límite de dos mandatos como presidente del Gobierno.

- Modificar la elección de miembros del TC, CGPJ, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, RTVE y organismos reguladores.

- Que los parlamentarios no puedan declarar por escrito.

- Limitación y reducción de aforamientos.

-Dedicación exclusiva de los parlamentarios.

- Certificado de Hacienda al principio y final de mandato.

- Establecimiento de un modelo de declaración de bienes.

- La incompatibilidad para altos cargos pasa de dos años a cinco para quienes vayan a una empresa relacionada con el área para el que han trabajado.

- Declaración en las Cortes de los gastos de representación de cada alto cargo.

- Publicación de certificados que reflejan que se está al corriente de todas las obligaciones tributarias.

- Certificado de Hacienda de todo el Gobierno y altos cargos de la Administración central.

- Modelo único de declaración de intereses y actividades.

- Oficina de Conflicto de Intereses adscrita a Presidencia.

- Reducción significativa de la cantidad que se puede donar.

- Tipificar en el Código Penal el delito de financiación ilegal de partidos políticos, que sancione a las dos partes.

45 medidas propuestas por IU

El coordinador federal de IU, Cayo Lara, tampoco respalda el plan del Gobierno para luchar contra la corrupción. Y, como el PSOE, ha hecho pública una batería de medidas para reforzar una «legislación débil e insuficiente» que hay que reformar. Son 45 propuestas dentro de un plan integral para la regeneración democrática y lucha contra la corrupción:

- Ampliación de los tipos penales y endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal para los corruptos y para los corruptores públicos y privados

- Endurecimiento de las penas por delito fiscal. Establecimiento de penas agravadas cuando el delito se comete a través de la utilización de paraísos fiscales.

- Ampliación hasta 30 años de la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público electo, de libre designación o por concurso público para los condenados por los delitos señalados en el punto anterior.

- Establecimiento de procedimientos de urgencia en los expedientes judiciales en los que se encuentren imputados cargos públicos.

- Modificar la legislación existente con el fin de que los delitos económicos relacionados con la corrupción no tengan fecha de prescripción.

- Desarrollo de la Ley General Tributaria y del Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria para conseguir una mayor eficacia en la prevención y lucha contra el fraude fiscal.

- Atribución, mediante Ley, a la Agencia Tributaria del Estado de la función de investigar el fraude fiscal organizado y el blanqueo de capitales en funciones de auxilio a la Justicia.

- Dotación de más medios financieros, materiales, tecnológicos y humanos adecuados a la Agencia Tributaria del Estado.

- Reforzamiento de la coordinación entre la Agencia Tributaria del Estado y las Administraciones Autonómicas competentes.

- Creación de una Policía Fiscal en la Agencia Tributaria del Estado en la que se integrarían unidades especializadas de la policía Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera, manteniendo todas ellas su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia funcional de la Oficina Nacional Antifraude.

- Investigación y persecución por la Agencia Tributaria de los incrementos del patrimonio de las personas físicas y jurídicas carentes de justificación con relación a los ingresos declarados.

- Plan de lucha contra el fraude en el IVA.

- Creación de un Registro de tenedores de billetes de 500 euros.

- Establecimiento de responsabilidad económica subsidiaria para las Instituciones Financieras cuya colaboración sea precisa para operaciones de blanqueo de capitales, ocultación de bienes y capitales en España o en el extranjero, incluidos los paraísos fiscales.

- Prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en paraísos fiscales. No reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil español.

- Elaboración y publicación anual de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida y del fraude fiscal, para su presentación y debate en las Cortes Generales y Parlamentos autonómicos.

- Reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para limitar las revisiones de los precios de la contratación, evitar las divisiones injustificadas de los contratos e incorporar las garantías y reformas establecidas por la Unión Europea.

- Ley de transparencia e información pública. Regulación de la publicidad institucional y del régimen de subvenciones públicas.

- Todos los documentos relativos a los procedimientos y decisiones de contratación y de urbanismo deben poder consultarse en tiempo real, en Internet o en ventanilla.

- Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Gobierno local y de la Ley de financiación de las Haciendas Locales.

- Creación de un Registro público de recalificaciones de suelo.

- Creación de un Cuerpo de Inspectores, ajenos a los Ayuntamientos, que vigilen la legalidad de los planeamientos urbanísticos.

- Creación de una unidad dentro de la Agencia Tributaria de comprobación de los datos fiscales declarados y los datos registrados como plusvalías de convenios urbanísticos y recalificaciones.

- Inspección sistemática de Hacienda a los alcaldes y concejales de urbanismo de los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes y de aquellos otros en los que se hayan adoptado importantes medidas urbanísticas.

- Creación efectiva de Consejos Asesores para formular y plantear criterios y alternativas de ordenación, considerar las propuestas del planeamiento para garantizar los objetivos de desarrollo urbanístico sostenible y estudiar, proponer y supervisar las medidas y actuaciones a emprender para fomentar la participación ciudadana.

- Ley de Financiación Local que garantice el principio de suficiencia.

- Regulación de los salarios de todos los cargos públicos con criterios de transparencia y austeridad acordados por las fuerzas políticas y publicación de los mismos. Establecimiento de un sueldo máximo para todo cargo público y de unos baremos determinados en función de la responsabilidad cogiendo como referencia el salario mínimo interprofesional.

- Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, para introducir el elemento de la declaración explícita de conflicto de intereses en cada modificación urbanística de todo aquel que participe en el proceso, sean alcaldes, regidores o funcionarios.

- Regulación de criterios de transparencia y de los límites tolerados en los regalos e invitaciones a cargos públicos y cargos de libre designación. Prohibición de percibir obsequios o invitaciones por parte de contratistas de la institución.

- Reforma de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos públicos.

- Creación del Estatuto de los Representantes Locales, en el que se regulen sus derechos y deberes.

- Extensión del Régimen de Incompatibilidades a los Diputados y Senadores para dotar de mayor efectividad el marco jurídico vigente en materia de incompatibilidades y conflicto de intereses de miembros del Gobierno, de altos cargos de la Administración y demás cargos públicos. Impedir las «puertas giratorias».

- Renuncia al aforo de los Diputados y Senadores, Presidente y miembros del gobierno de forma que sólo quede restringido a hechos relacionados con las actuaciones en órganos de representación política y no a delitos relacionados con la actividad pública o privada.

- Creación de una Oficina de Regulación del Registro de Intereses de los diputados, miembros del gobierno y altos cargos de la Administración.

- Reforzamiento de la función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas sobre el sector público, las instituciones y las formaciones políticas, con el fin de vigilar el buen uso de los recursos públicos.

- Reforzamiento de las auditorías y fiscalización de la gestión de los recursos públicos, que serán obligadas en el caso de procesos judiciales que afecten a la Administración.

- Reglamentación de los lobbies o grupos de presión, que han de acreditarse en registro público ante las instituciones públicas correspondientes.

-Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral con el fin de garantizar la representación de los electores en condiciones de proporcionalidad.

- Reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos de 2007, con el fin de prohibir las donaciones a los partidos, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos, por parte de empresas contratadas, en el momento de la donación o con anterioridad, por las Administraciones Públicas, organismos y empresas públicas, especialmente aquellas provenientes de las constructoras y promotoras.

- Establecimiento de un Código Ético del cargo público, suscrito por las formaciones políticas y de obligado cumplimiento, para su traslado a los respectivos Estatutos.

- Conversión en Ley del «Pacto contra el Transfuguismo», reforzándolo para que las fuerzas políticas se obliguen a tomar medidas drásticas y automáticas de sanción contra los cargos electos infractores, como la suspensión cautelar de militancia, la exigencia de dimisión del cargo público, la expulsión y la disolución de organizaciones locales del partido.

- Establecimiento por Ley de la obligación de los diputados tránsfugas de devolver su escaño a la candidatura en cuya representación fueron elegidos.

- Creación de un registro obligatorio y que será público de grupos de presión gestionado por el Congreso de los Diputados.

- Se incluirá en el registro público de las reuniones que los grupos de presión celebren con miembros de la Cámara (donde conste la fecha, el motivo, los participantes y el interés que se ha tratado).

- Se elaborará un código de conducta para todos los grupos de presión así como un sistema de control y sanciones en caso de irregularidades.

- Establecimiento de un periodo de tiempo durante el cual los cargos públicos no pueden ejercer funciones de lobistas en los asuntos que traían cuando ejercían como tales cargos públicos.

Manifiesto de UPyD

El partido de Rosa Díez también ha hecho público un manifiesto para la regeneración de la democracia. «Vivimos una emergencia nacional. La extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos políticos de gobierno y oposición, han convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de confianza en el sistema democrático», dice UPyD. Estas son sus propuestas:

1 - Aprobar de modo inmediato leyes eficaces contra la corrupción para acabar con la impunidad de los responsables, y en concreto para:

a) La inelegibilidad de las personas acusadas por delitos de corrupción política.

b) El delito de financiación ilegal de los partidos políticos.

c) El delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos.

d) El delito de omisión o falsedad de la contabilidad y patrimonio social de los partidos políticos y de los cargos públicos.

e) Reforzar la exigencia de responsabilidad por mala gestión a los cargos públicos al frente de sociedades o entes públicos.

f) Limitar la discrecionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, excluyendo a los condenados por delitos de corrupción.

2 - Reforzar la independencia y autoridad sancionadora de los organismos reguladores y de control público de la actividad económica privada y pública, como el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria o el Banco de España, acabando con su dependencia de los partidos políticos y del Gobierno.

3 - Aprobar una ley de transparencia exigente que incluya a la Casa Real, a los partidos políticos y sindicatos, y a cualquier institución que reciba ayudas públicas, obligando a dar información detallada y actual de su contabilidad y actividades, sin ampararse en el silencio administrativo o la justificación de la petición de información, y que regule la actividad de grupos de influencia o lobbies.

4 - Implantar una auténtica justicia independiente, acabando con el reparto del CGPJ entre las asociaciones de magistrados dependientes de PP y PSOE u otros partidos, y dotando a la administración de justicia de medios humanos y materiales suficientes.

5 - Aprobar una ley electoral justa y proporcional que favorezca la representación del pluralismo político existente, permitiendo la participación política real de todos los ciudadanos.

6 - Reformar la Constitución para que recoja las propuestas ciudadanas y resuelva el modelo territorial del Estado con el reparto de competencias y su financiación, mejore la separación de poderes, y asegure el derecho a la participación política, la igualdad jurídica y de oportunidades y las libertades personales.