La ley de Seguridad Ciudadana entra en la recta final
La inclusión de una enmienda del PP sobre las devoluciones en frontera de inmigrantes complica el tránsito parlamentario de esta normativa, que la oposición tacha de «mordaza»
El Congreso de los Diputados comenzará esta semana el debate sobre el texto articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana , que el Pleno de la Cámara podría dejar aprobada el próximo 20 de noviembre. La oposición ya se ha quejado de esta tramitación «exprés», que contrasta con la lentitud de la reforma del Código Penal a la que, en principio, iba a complementar. El presidente de la Comisión de Interior, Sebastián González, ha convocado el martes una reunión de la ponencia donde previsiblemente se incorporarán las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, entre ellas la regularización de las devoluciones «en caliente» de inmigrantes.
A partir de ahí, el texto se llevará a la Comisión de Interior, lo que se calcula para la segunda semana del mes, y de ahí volverá al Pleno del Congreso, ya que es una ley de rango orgánico que requiere el apoyo de al menos la mayoría absoluta de la Cámara. Ese último debate antes de la remisión del proyecto al Senado podría celebrarse el jueves 20 de noviembre, según indicaron fuentes parlamentarias.
Los portavoces del PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y PNV en la Comisión de Interior ya presentaron esta semana un escrito quejándose de que el PP vaya a «imponer» la tramitación acelerada del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, una iniciativa legislativa «de enorme trascendencia» que, según defienden, exige un examen «detallado, razonado y reflexivo». La oposición subraya que este proyecto de ley afecta a la tutela práctica de los derechos y libertades de los ciudadanos al recoger «limitaciones» a los mismos en función de la protección de los intereses generales.
Según alegan, tales «limitaciones» deben responder estrictamente a una ponderación de los bienes jurídicos en conflicto para ser admisibles en un Estado de Derecho lo que, a su juicio, exige un examen más «amplio y riguroso» de las normas que la resuelvan.
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