Los primeros detenidos que declaran ante el juez Velasco ya están en la Audiencia Nacional

Los primeros imputados por la operación Púnica que declararán ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ya se encuentran en la sede judicial. En torno a las 11:30 de la mañana han llegado los cuatro primeros a bordo de un furgón policial, escoltado por un coche de seguridad. Más tarde han llegado otros dos furgones, con cuatro detenidos más. Está previsto que hoy, miércoles, 17 arrestados pasen a disposición judicial. [ Galería: Las propiedades de Granados en Valdemoro ]

Entre las declaraciones que se esperan para hoy están, según fuentes jurídicas, las de cuatro de los seis alcaldes en activo implicados en la trama corrupta. Se trata de David Rodríguez, de Casarrubuelos (PP); Gonzalo Cubas, de Torrejón de Velasco (PP); Agustín Juárez, de Collado Villalba (PP); y José María Fraile, de Parla (PSOE). Además, también serán interrogados en esta primera jornada el consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. Así como el director general de Cofely, Didier Maurice.

Este último era el responsable de una de las empresas que hizo saltar la operación, la filial española de la multinacional francesa Cofely GDF Suez, dedicada a la eficiencia energética, en la que trabaja desde que salió del gobierno municipal Miguel Ángel Villanueva, exvicealcalde de Ana Botella que dimitió por los sucesos del caso Madrid Arena. Esta compañía fue adjudicataria en los últimos meses de tres contratos millonarios con ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, como el que consiguió con el de Parla, firmado el pasado 4 de julio.

La trama corrupta, que habría intervenido en adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los dos últimos años, tenía el objetivo de conseguir el lucro personal de los cargos públicos, pertenecientes a cuatro partidos distintos —PP, PSOE, IU y los independientes de la UDMA—, y no la financiación de sus respectivas formaciones.

La organización, que actuaba en Madrid, Murcia, Valencia y León, se habría dedicado a mediar entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal, regional y de la Diputación para conseguir contratos públicos en la gestión de servicios difícilmente objetivables como el de eficiencia energética. Según fuentes jurídicas, este sería el caso de la empresa Cofely, filial de la multinacional francesa GDF Suez. A cambio los políticos recibían comisiones ilegales que se blanqueaban a través de un complejo entramado societario.