Las cifras de la macrooperación anticorrupción

51 detenidos e imputados: los calabozos, repletos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ordenó la detención de 37 personas e imputó a otras 14. El magistrado tomará declaración en los próximos días a los arrestados en Madrid Murcia, León y Valencia. Además de Francisco Granados , fueron capturados el actual alcalde de Valdemoro, el concejal de Hacienda y otros dos funcionarios, así como los alcaldes de otras cinco localidades madrileñas.

Junto a ellos también lo fueron un empresario íntimo amigo de Granados, y uno de los dos «conseguidores» de la trama, David Marjaliza , y Alejandro de Pedro Llorca, que posee sociedades en Valencia. En León, la Guardia Civil detuvo en su despacho del Palacio de los Guzmanes al presidente de la Diputación, Marcos Martínez, y en Murcia fueron arrestados el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso; la directora general de Turismo, el secretario del Instituto de Turismo y el jefe del gabinete del consejero.

250 millones: dinero público malversado en dos años

La Fiscalía Anticorrupción cifra en 250 millones de euros el monto total de las adjudicaciones irregulares de contratos de suministros públicos y obras durante los dos últimos años. A cambio de esas concesiones, los políticos recibían de las empresas una comisión de entre el 2,5 y el 3 por ciento destinada a su enriquecimiento personal.

En el epicentro de la trama se sitúa Cofely, filial española de GDF Suez, una multinacional francesa dedicada a la eficiencia energética y medioambiental, cuya sede en Madrid fue registrada durante varias horas y tres de cuyos directivos fueron detenidos en la operación.

Esta compañía fue la adjudicataria del alumbrado público de Valdemoro por 25 años y el pasado mes de julio firmó el mismo convenio con el Ayuntamiento de Parla. Al parecer, el resto de municipios implicados también contrataron sus servicios. Tanto Marjaliza como De Pedro estarían relacionados con esa empresa.

11 delitos: catálogo completo de una trama corrupta

En las diligencias abiertas por el juez aparece el catálogo de delitos típico de una trama de corrupción al uso, encabezada por el blanqueo de capitales, es decir, el lavado de dinero obtenido de forma ilícita.

Además, se detallan otra decena: falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.

En la información que ha trascendido no se individualizan delitos; es decir, hay algunos que solo pueden haber sido cometidos por funcionarios públicos (los políticos y funcionarios de la trama) que habrían facilitado información privilegiada y luego adjudicado obras y concesiones; otros que serían propios de los adjudicatarios, e incluso uno como el de revelación que presuntamente habría cometido un guardia civil cercano a Granados.

15 registros en casas, ayuntamientos y empresas

Ayuntamientos patas arriba en la Comunidad de Madrid; dependencias de la Diputación de León, conmocionada aún por el asesinato de su anterior titular, Isabel Carrasco; la sede de Turismo de Murcia, la casa particular de Francisco Granados y al menos las sedes de dos empresas, una en Madrid y otra en Valencia, relacionadas con las adjudicaciones fueron el objeto ayer de los registros de decenas de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que contaron con la ayuda de compañeros de las distintas plantillas.

Hacia las 22.00 horas del lunes, continuaba el del consitorio de Valdemoro, uno de los centros de la trama por la influencia durante más de una década de rancisco Granados. Los funcionarios se llevaron cajas y cajas de documentación de los citados registros, así como material informático que será analizado en busca de más pruebas. Esta labor puede alargarse varios meses.

259 mandamientos: aflorar las propiedades pagadas con dinero negro

Una de las macrodiligencias ordenadas por la Audiencia Nacional en este espectacular golpe a la corrupción política fue los 259 mandamientos a registros de la propiedad solicitados por la Fiscalía contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

Se pidió que constaran las anotaciones preventivas de prohibiciones de vender, gravar o enajenar de las personas físicas y sociedades investigadas con el fin de poder recuperar los activos en los que se habría invertido el dinero negro de la organización. Se trataría de averiguar qué propiedades habían adquirido tanto los detenidos e imputados que presuntamente cobraron las comisiones, como las sociedades beneficiarias u otras creadas al efecto para blanquear los beneficios.

La cifra concreta apunta a que todas ellas habrían sido ya previamente identificadas durante los meses que lleva la investigación abierta y hallados los titulares de las mismas.

400 cuentas bloqueadas: impedir movimientos de fondos y asegurar bienes

Otra de las medidas cautelares adoptada por los investigadores también conlleva una cifra mareante que da idea de la envergadura de la redada y el nivel de exhaustividad de las pesquisas. Se libraron cuatrocientos mandamientos dirigidos a entidades bancarias y compañías aseguradoras en las que se ordenaba el bloqueo de todas la cuentas corrientes de personas físicas y sociedades, valores y cualquier otro producto «con la prohibición expresa de realizar cualquier movimiento de fondos».

Con esta medida se aseguraba que personas autorizadas por los titulares o sociedades instrumentales que no hayan aparecido aún en la compleja trama criminal lleven a cabo trasvases de dinero a cuentas en el extranjero, por ejemplo, o a otras entidades y dificulten el seguimiento del rastro del mismo. Supone de hecho una inmovilización de fondos, encaminada también a asegurar eventuales responsabilidades civiles.