Anticorrupción espera datos de los bancos sobre cajas de seguridad de Oleguer Pujol

La Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado espera recibir en las próximas horas la información solicitada a numerosas entidades bancarias sobre si Oleguer Pujol, su socio Luis Iglesias o las mercantiles vinculadas a ellos tienen alquiladas cajas de seguridad. Los investigadores, según las fuentes consultadas por ABC, tienen detectadas alguna de ellas, pero sospechan que puede haber más y que lo que haya dentro de ellas puede ser de interés para la investigación.

Como ya ha informado ABC, la operación policial del pasado jueves, en la que fueron detenidos durante unas horas Oleguer Pujol y Luis Iglesias en sus domicilios de Barcelona y Madrid, respectivamente, tenía como objetivo principal asegurar la documentación sobre las mercantiles de los dos socios y los flujos de dinero que utilizaban en sus inversiones inmobiliarias multimillonarias, como la compra de las 1.251 sucursales del Banco de Santander por más de 2.000 millones de euros. Los investigadores de la UDEF Central de la Policía y de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción lograron intervenir abundante documentación de una «nube» en la que los sospechosos volcaban los datos de sus empresas cada semana después de vaciar sus ordenadores.

Además de esta información y la intervenida en la media docena de registros realizados, los agentes también se hicieron con abundante documentación que fue requerida a un conocido bufete de abogados con el que trabajaban Pujol e Iglesias.

Los investigadores trabajan ahora en el análisis de toda esta documentación para intentar confirmar sus sospechas, según las cuáles Oleguer Pujol era el auténtico cerebro de la trama societaria, encargado de mover el dinero y diseñar las operaciones al milímetro. Además, aunque formalmente se desvinculó de Drago, la empresa matriz, en 2013, se cree que el hijo menor de los Pujol seguía manejando los hilos, pues al parecer nombraba a los responsables de las mercantiles relacionadas con la primera para hacer de «cortafuegos respecto» a él.

Cuando se obtengan las primeras conclusiones de este análisis de la infromación obtenida la Policía enviará al juez Santiago Pedraz un informe y, a partir de ese momento, el magistrado citará a declarar como imputados a los dos socios, a los que se investiga por delito fiscal y blanqueo de dinero.

Drago intentó frenar la investigación abierta contra ella presentando una auditoría de parte en la que se justificaban, aparentemente, todas las operaciones inmobiliarias realizadas por la sociedad y el flujo de dinero que había manejado. Ello, sin embargo, no impidió la operación policial, ya que tanto el juez Pedraz, como la Fiscalía Anticorrupción y la Policía, entienden que de esa mercantil dependen de forma directa o indirecta hasta 15 más y sobre ellas el documento no aportaba dato alguno.