ETA les asesinó, la calumnia les remató

Esta es la historia de una familia víctima del terrorismo por triplicado. Primero, porque los pistoleros de ETA arrebataron la vida del matrimonio formado por Miguel Paredes García (33 años) y Elena Moreno Jiménez (30) cuando salían de un bar de la parte vieja donostiarra, dejando dos huérfanas, de 5 y 7 años. Segundo, porque su anonimato civil y la desmemoria imperante los enterró en el olvido mientras el caso quedaba prescrito. Y tercero, porque la justificación del crimen que ETA reivindicó ese mismo abril de 1990, señalando a la pareja de toxicómanos, ha mancillado su nombre. Ayer, veinticuatro años después, el afán de Covite por recordar a todas y cada una de las víctimas con la colocación de una placa simbólica donde fueron asesinados, les devolvió algo de memoria y justicia.

El martes pasado, las dos hermanas accedieron al sumario, perdido durante todo este tiempo en algún sótano de la Audiencia Nacional. Vieron las fotografías de sus padres, disparados por la espalda, y conocieron, veinticuatro años después, la verdad. «Nunca nadie nos llamó, no supimos nada. Los sumarios estaban tirados como si sus vidas no valiesen nada. Mis padres no eran políticos o empresarios, no eran importantes, solo han sido un número más. Al menos ahora sabemos por los informes que aquello de lo que se les acusó era mentira». Quien habla es Tamara, la hija pequeña del matrimonio, al que ETA eliminó acusándolo de introducir drogas en el País Vasco. «Es increíble. El sumario hace más hincapié en el análisis toxicológico que en el de balística, cuando no es relevante ni justificable», lamenta esta joven de treinta años y heridas cicatrizadas.

Las pruebas recogidas en el sumario confirman que no hay rastro de drogas en sus cuerpos, aunque el daño por la estigmatización sufrida durante estos años es tremendo. «Si te metes en internet, lo primero que dicen de mis padres es que son toxicómanos y no es agradable. No solo te dejan sin ellos, es que encima tienes que ocultarte, por miedo o por vergüenza», denuncia, al tiempo que agradece emocionada a Covite su lucha por la verdad. «Es un honor que se acuerden de nosotros».

Tamara y su hermana viajaron desde Madrid para acudir ayer junto a miembros de la asociación a colocar una placa en el número 8 de la calle San Lorenzo, atiborrada de bares. Era la primera vez que su abuela materna, Petra, de 82 años y residente en San Sebastián, iba al lugar donde dispararon a su hija y su yerno. La emoción se desbordó al ver la inscripción conmemorativa con sus dos nombres, aunque la familia asume que Bildu, que gobierna en el Ayuntamiento, la retirará pronto. «Es importante para que cuando los jóvenes pasen y lo vean sepan qué ocurrió aquí. Cuánto sufrimiento para nada», afirma Tamara, que tras leer el sumario no se explica cómo pudo cerrarse tan pronto. «En apenas seis meses se dieron por vencidos. Aunque los bares estaban llenos de gente nunca hubo sospechosos ni pruebas. Pero hubo muchas lagunas. Seis meses antes mataron a un policía con la misma arma. Al menos esos están cumpliendo… Nos queda ese consuelo».