Artur Mas renuncia a la consulta y ERC fuerza el anticipo electoral
Admite que, con el decreto actual, no se puede votar; Junqueras exige una declaración de independencia, pero elude por ahora la ruptura explícita
Se acabó. Artur Mas admite que la consulta secesionista del 9 de noviembre no se puede celebrar tal como está planteada en el decreto que él mismo firmó el pasado 27 de septiembre. La reacción de ERC fue inmediata y, tras anunciar que retira el apoyo al Gobierno catalán, exigió una inmediata declaración unilateral de independencia , lo que aboca al presidente catalán a un nuevo adelanto electoral.
Noticias relacionadas
- Los asesores de Mas se decantan por unas plebiscitarias si el TC no se pronuncia
- Mas y los partidos proconsulta se reúnen en secreto en el Palacio de Pedralbes
- Cuenta atrás para la consulta del 9-N: Artur Mas comienza a tirar la toalla
- ERC exige una declaración de independencia inmediata y abrir un proceso constituyente
- Mas tira la toalla tras tres años de desafío
- Diferencias entre la consulta ilegal y el «proceso participativo» propuesto por Mas
En un intento desesperado por salvar la unidad y la dignidad, el dirigente nacionalista reunió por tercera vez a los partidos que daban apoyo a la consulta del 9-N para informarles de esa renuncia y proponerles una alternativa. Admitió que, con el decreto actual, no se puede votar el 9 de noviembre . Sin embargo, propuso utilizar los artículos de la ley de consultas no impugnados por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) para sacar las urnas. Se refiere al título III referido a los «procesos de participación ciudadana». La artimaña legal no fue acogida con entusiasmo por ERC, ICV y CUP, ya que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya anunció que impugnaría cualquier tipo de consulta secesionista.
Asamblea de la CUP
«Sólo hay un camino: que el Parlamento catalán haga una Declaración de Independencia inmediata», aseguró ayer ERC. En un comunicado, los republicanos sentenciaron de muerte el pacto firmado con Artur Mas en diciembre de 2012, que giraba en torno a esa consulta y expresaron su rechazo a otro proceso de participación diferente al acordado. Esta ruptura aboca al presidente Mas a adelantar las elecciones autonómicas una vez más -ya lo hizo en 2012 tras el rechazo del Gobierno al pacto fiscal- o a dar un drástico cambio de rumbo para poder apoyarse en el PSC, formación que le ha tendido la mano en diversas ocasiones. El futuro no puede ser más incierto para el protagonista del mayor desafío al Estado de Derecho de la democracia española.
Por su parte, la CUP convocó anoche una asamblea en la plaza Sant Jaume, donde están emplazada la sede del Gobierno catalán, para determinar su estrategia de futuro. Esta formación, como se sabe, es partidaria de la desobediencia civil.
Por tercera vez en dos semanas, los partidos que apoyan la consulta del 9-N se reunieron para buscar una alternativa a la suspensión del TC. Al igual que el jueves pasado, el de ayer fue un encuentro discreto en el que participaron el propio Mas; la vicepresidenta catalana Joana Ortega; el consejero de Presidencia, Francesc Homs, y representantes de los cuatro partidos. El cónclave, celebrado en el Palacio de Pedralbes, comenzó al mediodía y concluyó más allá de las 22 horas.
La cumbre anterior concluyó sin acuerdo y con el compromiso de seguir trabajando en la búsqueda del consenso. Pero las posturas seguían enconadas. De hecho, el propio Gobierno catalán se puso como límite el 15 de octubre, es decir, mañana, para tomar una decisión, pues cada día que pasaba las garantías democráticas de la consulta se reducían. Pero ERC sigue en sus trece y no quiere renunciar a la consulta. Ayer, a través de su portavoz, Anna Simó, los republicanos se mostraron receptivos a buscar alternativas, pero entienden que todavía es posible votar el 9-N si hay «voluntad política y compromiso». Por tanto, a Mas solo le quedaba lograr un pacto de no agresión con quien ha sido su socio de legislatura cuando renuncie finalmente a la consulta, evitando así un anticipo electoral. De esta forma, podría agotar el mandato con el apoyo del PSC, que ya lo ha ofrecido en varias ocasiones en sede parlamentaria. CUP, la formación defensora de la desobediencia civil, resumió su postura en la frase que su diputado, David Fernández, dijo en uno de los recesos de la cumbre: «Ni un paso atrás». Pero lo ocurrido anoche lo trastoca todo.
ICV, por su parte, hace días que se va descolgando del proceso, de cuyas garantías democráticas recela. A nadie conviene celebrar elecciones ahora, tampoco a Esquerra, que quiere ganar territorio en las municipales que se tienen que celebrar en mayo de 2015, mientras que Convergencia se hunde cada vez más en los sondeos. Pero si Esquerra se ensañara con el líder de CiU por incumplir con sus compromisos, el porvenir del presidente catalán quedaría herido de muerte.
Pero poco a poco se extiende la idea de que no hay otra salida que un avance electoral. Incluso Carles Viver i Pi-Sunyer, presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional -órgano que asesora a Mas en su proceso de transición nacional-, apostó ayer por la opción de unas plebiscitarias, si el TC no levanta la suspensión cautelar de la ley de consultas y del decreto de convocatoria «en un plazo breve». En declaraciones a Catalunya Ràdio, Pi i Sunyer subrayó que «el problema es que si no se dicta sentencia, el momento de ir a votar (la consulta) no se hará dentro de la legalidad». Considera el jurista que el fallo definitivo se producirá antes del 9 de noviembre y apostó por «desdramatizar» la situación.
«Parece que si no se puede votar se detiene el proceso, hemos de ver las cosas con más perspectiva; es un proceso largo y complicado», dijo. Quien también relativizó la fecha de la consulta fue el consejero de Empresa, Felip Puig -independentista confeso-, quien afirmó que Cataluña conseguirá decidir su futuro el 9-N o «en otra fecha posterior» si sufre el bloqueo del Estado. En una conferencia ante empresarios dijo que la mayoría del pueblo catalán ha emprendido una vía pacífica, legal y democrática, y que «utilizar la vía jurídica para bloquear un problema social y político no lleva a ninguna parte». En clave económica, negó que el proceso secesionista haya frenado las inversiones extranjeras en Cataluña, pero admitió que en algún caso ha detectado inquietud.
