Este domingo los catalanes acudieron en masa a las urnas, en unas elecciones marcadas por el carácter plesbiscitario que los partidos secesionistas quisieron dar a unos comicios autonómicos. Ganaron en escaños, pero no en votos (Junts pel Sí y la CUP suman el 47% de las papeletas y 72 asientos en el parlamento catalán). Respecto a 2012, pierden dos parlamentarios, cuando, CiU, ERC y la CUP obtuvieron 74.

Pasada la campaña, y a la espera de más reacciones a los resultados, el Gobierno ya adelantó al final de la jornada electoral que «mantendrá la misma línea», defendiendo la ley y la Constitución. «Frente al desafío secesionista, la respuesta seguirá siendo la ley. No habrá independencia de Cataluña», señalaron.

La derrota de Artur Mas le impediría, incluso, imponer una reforma del Estatuto de Autonomía, ya que se necesitan 90 escaños, según apuntó el Gobierno, y los grupos separatistas solo consiguieron 72.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya recordó el viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «nosotros, dentro de la Constitución y la ley, nos entendemos bien», y advirtió de que «fuera de la Constitución, no hay capacidad de entenderse». Entre otras cosas, porque el futuro de la soberanía nacional y de la unidad española no está en manos «ni del señor Mas ni del presidente del Gobierno», sino que depende del conjunto de los ciudadanos, dijo la vicepresidenta.

Herramientas necesarias

En cualquier caso, y frente a cualquier ocurrencia que pudiera presentarse en el transcurso de las próximas jornadas, el Tribunal Constitucional dispone de las herramientas necesarias para neutralizar cualquier tipo de desafío a la legalidad. En este sentido, el Gobierno preparó una reforma exprés del TC para que tenga poder sancionador ante autoridades y personas en el caso de que no se cumplan sus dictámenes e imponerles multas –de entre 3.000 y 30.000 euros–.

Según declaró el candidato popular a las elecciones autonómicas catalanas, Xavier García Albiol, esta reforma es la «evidencia» de que «nadie va a proclamar la independencia de Cataluña». Para los casos en los que se incumplan decisiones del TC como la suspensión de actuaciones o disposiciones en «circunstancias de especial trascendencia constitucional», se permite al tribunal de oficio, a instancias del Gobierno, tomar las medidas necesarias para el cumplimiento «sin oír a las partes».