En el campo de la justicia, la sempiterna petición de más autogobierno por parte del nacionalismo catalán también ha tenido respuesta, pese la complejidad de establecer asimetrías en uno de los pilares de la democracia. Cataluña es la única comunidad autónoma que gestiona sus servicios penitenciarios y actualmente hay quince cárceles en territorio catalán.

En relación con la plantilla judicial, la comunidad gestiona el personal de forenses, gestores, tramitadores y auxilio, mientras que es el Estado el que paga los salarios de jueces (80, a 2013), magistrados (685), fiscales y secretarios judiciales.

En cuanto a los órganos judiciales, el Estatuto de Cataluña de 2006 blindó al TSJC como la última instancia jurisdiccional en esta comunidad, pero dejó en manos del Supremo la potestad de unificar doctrina.

Otro caballo de batalla en este ámbito por parte de los gobiernos de la Generalitat ha sido exigir que el uso del catalán, oral y escrito, sea requisito -y no mérito, como ahora- para que jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales puedan ejercer en Cataluña. Por ahora, sin embargo, las distintas iniciativas de los partidos catalanes en este sentido, como que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial contemple el requisito lingüístico del catalán, han orillado en el Congreso de los Diputados.

En Cataluña, el 12,3% de resoluciones judiciales están redactadas en catalán, según datos de 2013.

Inseguridad jurídica

Los promotores de la hoja de ruta independentista estiman que tras los comicios del 27-S se establezca un período máximo de 18 meses para elaborar una constitución propia catalana.

El problema aquí es que, antes de tener Carta Magna, ya se prevé crear estructuras de Estado propias y avanzar en la desconexión con España, lo que condena al «procés» a una inseguridad jurídica obvia. Ante eso, CDC y ERC responden que tramitarán una «ley de transitoriedad jurídica». Mientras no haya un cuerpo legal íntegro catalán, valdrá el español.

Asimismo, durante la transición a la independencia, el TSJ catalán debería asumir las competencias del Tribunal Supremo y quedaría pendiente formar un tribunal constitucional.

Con todo, uno de los grandes problemas es de plantilla. El magistrado independentista Santiago Vidal calcula que una Cataluña independiente necesitaría de unos mil jueces y magistrados. Y augura que aproximadamente el 32% de los que ahora ejercen allí -casi 800- se marcharían si aquella fuera independiente. Para reemplazarlos, sugería reclutarlos entre abogados «prestigiosos» y... «honestos».