Confirmada la pena a Hernán Díaz por el derribo de la Casa de las Cadenas

Al igual que el castillo de naipes que se desploma a partir de una carta que se coloca con desatino, Hernán Díaz ve cómo las sentencias que condenan su gestión al frente del Ayuntamiento de El Puerto han ido enterrando poco a poco las posibilidades de una hipotético regreso a la vida municipal. El primer revés serio le llegó en julio de 2006, cuando la Audiencia Provincial confirmaba la primera pena que lo inhabilitaba para cargo público.El 'caso Fuentes' le empujó a salir del Ayuntamiento por la puerta de atrás y a dejar huérfana de líder a su formación Independientes Portuenses (IP) – hoy Ciudadanos Portuenses-.

Ese mismo órgano judicial que certificó su repentina defunción política hace ocho años, acaba de firmar su cuarta sentencia firme, en este caso por autorizar el derribo parcial de un edificio histórico: la Casa de las Cadenas.

Un palacio levantado en el siglo XVII, que llegó a ser residencia temporal de Felipe V. Un trozo de la historia de El Puerto que en septiembre de 2004 vio como una parte acababa hecha pedazos. Detrás de esa orden de demolición un proyecto urbanístico de una promotora que había pagado 800.000 euros por lo que antaño habían sido los antiguos almacenes de una típica casa de cargadores.

El juzgado de lo Penal nº 2 de Cádiz había sentenciado al exalcalde a ocho años de inhabilitación por prevaricación administrativa el año pasado. La misma pena le imponía a su edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, y al arquitecto municipal, Fernando Jiménez Fornell. Ambos también aparecen en otras causas que han salpicado al exlíder de IP. La Sección Primera de la Audiencia ha confirmado esa sentencia, que también condena a un año y seis meses al presidente y administrador de la promotora (Rufino Naves S. A.) por un delito de daños contra el patrimonio histórico.

Con esta última decisión judicial, Hernán Díaz suma 31 años y medio de inhabilitación por cuatro condenas. Mucho más tiempo del que estuvo al frente de uno de los municipios con más peso de la provincia: en total 13 años. A diferencia de otros políticos, no se ha jugado hasta la fecha una condena de cárcel.

En las cuatro causas en las que ya tiene sentencia firme, 'caso Fuentes', Pinar de Coig, San Francisco y ahora la Casa de las Cadenas, la pena se limita a apartarlo de la vida política. Pero con las tres décadas de inhabilitación que ya suma, es el alcalde que acumula más antecedentes penales de toda la provincia. Y aún tiene por delante asuntos judiciales por resolver.

La Justicia ha ido desestimando una y otra vez una misma línea de defensa que el exalcalde ha desplegado en cada juicio. Su letrado ha tratado de limitar su participación en la firma de licencias que venían avaladas por los informes de los técnicos. Un argumento muy recurrente en los responsables políticos que se ven cercados por la Justicia y acaban responsabilizando a otros de las decisiones que toman.

La defensa del desconocimiento

Hernán Díaz también ha invocado en repetidas ocasiones que es un lego de los asuntos jurídicos de índole administrativa. La respuesta de la Audiencia, en este último asunto, ha sido negar que fuera un desconocedor absoluto.

El Tribunal reconoce que no hay pruebas de que se pusiera de acuerdo con el arquitecto municipal y el concejal para allanarle el camino a la promotora y que ésta obtuviera los permisos para tirar el inmueble y no conservarlo como le obligaba la ley. Pero sí le reprochan que burlara «de forma consciente» los mecanismos de control urbanístico y de protección del patrimonio.

Así, señala como prueba que firmara la licencia de derribo a sabiendas de que se trataba de un edificio protegido y que necesitaba cuanto menos el permiso de la Consejería de Cultura. Sin embargo, la Junta se enteró cuando la trasera de la Casa de las Cadenas ya había sido demolida.

La Audiencia también ordena que se reconstruya el bien inmueble demolido y que se indemnice a la Junta como responsable última del patrimonio andaluz.

En IU esta causa sabe a victoria porque la Audiencia ha estimado su recurso y ha liberado a la formación, que ejerció de acusación popular, del pago de las costas. Un gasto que deberán asumir los procesados. El parlamentario andaluz, Ignacio García, que en el momento en que se produjeron los hechos era concejal y portavoz de IU en El Puerto, asegura en un comunicado que «ha merecido la pena este largo camino».

Considera «justo que se libere a quien ha ejercido la acusación particular, a quien alertó de los graves daños causados contra un bien público, de pagar las costas del proceso». No obstante, ha lamentado que «se hayan necesitado nada menos que diez años para lograr un fallo en firme sobre este asunto» y ha considerado que «este tremendo retraso rebaja los efectos de la condena y le quita efectividad a lo que puede tener de disuasorio una condena de este tipo».

Incide el dirigente de IU en «la laxitud de las condenas a los dirigentes públicos corrompidos» y califica de «claramente insuficiente que delitos de prevaricación administrativa, que es una forma fina de llamar a la corrupción, se limite a la mera inhabilitación política, sobre todo en el caso concreto de Hernán Díaz, ya retirado de la política».