Las mutuas inyectan 12.200 millones a la Seguridad Social en una década
Cada ejercicio generan excedentes de cotizaciones con la gestión de bajas y de accidentes laborales

La delicada situación por la que atraviesan las cuentas de la Seguridad Social desde que estalló la crisis llevó al Gobierno a ingeniar fórmulas para inyectar recursos adicionales al sistema. Aprovechó la ley de mutuas aprobada en 2014 para recortar las reservas que estas asociaciones de empresarios podían acumular sin límite gracias a los excedentes de cotizaciones que logran con la gestión de la bajas laborales y los accidentes de trabajo.
Las mutuas gestionan en torno a 12.000 millones de euros de fondos públicos, más del 1% del PIB. En los últimos años, estas cantidades han superado en cada ejercicio el coste de las prestaciones gracias a la buena gestión que realizan estas agrupaciones de empresarios sin ánimo de lucro. Y los excedentes, una vez cubiertas las reservas, han sido devueltos cada ejercicio al sistema de pensiones.
Así, la gestión realizada por estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social ha permitido ingresar en la caja del sistema 12.200 millones desde 1997.
Durante el mes de julio las mutuas ingresaron en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social el 100% del excedente derivado de la gestión de las contingencias comunes. En 2016, el ingreso en la «hucha» de las pensiones superó los 2,38 millones de euros, pero si se tiene en cuenta los ingresos históricos, desde 1997 la cifra se eleva a 1.487 millones. Como ya informó ABC, este mismo mes el Gobierno sacó 3.514 millones de euros del Fondo de Reserva para completar la paga de verano de los pensionistas, lo que significa que la «hucha» cuanta hoy con tan solo 11.602 millones.
También en julio las mutuas ingresaron en la caja única el 80% del excedente obtenido por la gestión de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En 2016 esta cantidad ascendió a unos 528 millones de euros, por lo que las aportaciones históricas realizadas a dicho fondo se han situado en 9.960 millones.
Y, por último, las mutuas ingresaron en la reserva complementaria de estabilización por cese de actividad de trabajadores autónomos el 100% del excedente que proviene de la gestión de esa prestación, es decir, 113,65 millones. La cifra asciende a 743 millones en el acumulado desde 2011.
La ley de mutuas que rige estas aportaciones volvió a la situación anterior a 2011, año en el que el equipo socialista de Octavio Granado, que entonces gestionaba la Seguridad Social, decidió eliminar los topes de reservas que podían acumular las mutuas, lo que permitió a estas entidades sumar reservas de hasta 3.000 millones. Desde que se aprobó la ley las cotizaciones sociales sobrantes no están paradas y vuelven a la caja común en un momento en el que el sistema necesita liquidez.
La norma aprobada por el Gobierno establece que el 80% del excedente que se produce en la gestión que las mutuas hacen de las contingencias profesionales se destine al fondo de contingencias profesionales de la Seguridad Social. Es decir, que estos recursos se ingresan en la Tesorería para investigación, desarrollo e innovación, la mejora de técnicas y tratamientos terapéuticos e incentivar acciones en prevención, entre otros usos. El 20% restante de los excedentes se destina a la reserva complementaria y, si los estatutos de la mutua incorporan una reserva de asistencia social, esta debe incorporar hasta el 10% de ese excedente; la diferencia quedará para la anterior reserva complementaria. Finalmente, el excedente de la gestión de las contingencias comunes se ingresa en el Fondo de Reserva.
El Gobierno limitó en 2014 los recursos de las mutuas, pero en 2012 hizo uso de ellos. Aquel año, la Seguridad Social recurrió al fondo de prevención de las mutuas para apoyar el pago de las prestaciones. Utilizó 4.400 millones de euros, prácticamente la totalidad de la dotación que entonces tenía el fondo.
La ley que regula la gestión de las mutuas controla sus fondos y el funcionamiento de estas entidades, tal y como ocurre con cualquier organismo que trabaja con la Administración. Cargos, sueldos, contratos y cualquier otro mecanismo de funcionamiento estarán regulados por una norma que delimita claramente cuáles deben ser las funciones del presidente y gerente, cuantifica los sueldos de los miembros directivos de la mutua y articula la participación de los agentes sociales, incluidos los autónomos, en las comisiones de seguimiento de las mutuas. Esta comisión se encarga de informar de la gestión que realiza cada entidad y propone medidas para mejorarla si se diera el caso.
Las mutuas colaboran con la Seguridad Social en la gestión de las bajas laborales de la inmensa mayoría de los trabajadores. Estas organizaciones gestionan ocho de cada diez bajas causadas por enfermedad común y más del 90% de las provocadas por accidentes laborales.
Control de las bajas
La norma permite un papel más activo de las mutuas en el control de las bajas laborales, pero no les permite dar altas, que siguen reservadas para la sanidad pública. Eso sí, cuando una mutua considere que, en función de los informes y pruebas médicas de un trabajador, este no debe seguir de baja, puede enviar una propuesta de alta a la inspección médica de los servicios públicos de salud, petición que se incorporará a la historia clínica electrónica de los pacientes.
En este caso, la inspección de la sanidad regional estará obligada a justificar dentro de los siguientes cinco días hábiles si rechaza o admite la propuesta de alta de la mutua y el trabajador debe reincorporarse al trabajo. Si la inspección médica desestima la propuesta de alta o no contesta a la misma en la forma y plazos establecidos, esta podrá solicitar el parte de alta al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que tendrá cuatro días desde que reciba la propuesta de alta para aceptarla o rechazarla.