El Gobierno evalúa ya las autopistas en quiebra para su nacionalización
Seittsa, que asumirá las vías, presentará antes del 15 de septiembre su plan de gestión para devolverlas al mercado en 2018
El Gobierno ya ha comenzado con el trabajo de campo para asumir la gestión, en los próximos meses, de las nueve autopistas en quiebra , el último capítulo de un largo litigio que encara su resolución inminente . Directivos de Seittsa (la empresa pública que recibirá estas carreteras de pago) ya se encuentran examinando «in situ» los contratos con proveedores y empleados suscritos por las concesionarias de la Circunvalación de Alicante y Cargena-Vera (dos tramos de la AP-7) y se espera que esta semana arranque el análisis de las características técnicas , según avanzan a ABC fuentes próximas a las sociedades en liquidación. Ambas vías constituyen la avanzadilla. Previsiblemente, el resto de carreteras, entre las que se encuentran las radiales madrileñas, seguirán el mismo procedimiento durante los meses siguientes, mientras se aproximan a su fase de extinción.
En una misiva remitida a los administradores concursales, Seittsa se compromete a enviar antes del 15 de septiembre el listado de los contratos que pasarán a ser de titularidad pública . Con este motivo, han iniciado en las dos últimas semanas las labores de inspección de estos contratos y en los próximos días arrancará la «"due diligence" (auditoría legal) técnica para para conocer la situación de las infraestructuras y su buen estado, así como el de los bienes e instalaciones necesarios para su explotación».
El Gobierno está obligado a nacionalizar de manera provisional estas vías de pago , conforme vayan precipitándose a la liquidación, para conservar el 100% de los puestos de trabajo y mantener el servicio sin interrupciones, un escenario que se hará efectivo «a primeros de 2018», señala el escrito.
Este calendario está en línea con el mensaje transmitido por Francisco Javier Vaquer , juez instructor de los concursos de acreedores, a los sindicatos de la autopista de Circunvalación de Alicante . En los encuentros que mantuvo el pasado mes de junio, el magistrado recalcó que resulta imposible, con los plazos marcados por la legislación, continuar demorando la liquidación y que previsiblemente el próximo mes de febrero se producirá la cesión de los activos al Estado.
Aunque aún el plan no está completamente definido, el Ejecutivo pretende, después de hacerse cargo plenamente de estas infraestructuras, agruparlas en lotes, y posteriormente volver a licitarlas para compensar parte del importe que deberá abonar a las sociedades concesionarias . En el diseño de estos paquetes se buscarán sinergias, por lo que, tal y como avanzó el presidente de Seittsa, José María Piñero, una opción es sacar a concurso conjuntamente las radiales de Madrid (R-2, R-3 y R-5), así como la R-4 y la AP-36, entre la capital española y La Roda (Albacete). Sería, una fórmula, además, para maximizar los ingresos del Estado, ya que en el sector existe unanimidad a la hora de considerar estas autopistas rentables, siempre que se las libere de la deuda inasumible con la que cargan, derivada en parte del alto coste de las expropiaciones y de unos planes de explotación enormemente optimistas que se toparon con la realidad de una crisis que cercenó fuertemente las cifras de tráfico .
El coste público
Después de casi una década en la que los Ejecutivo de distinto signo político han tratado, con nula fortuna, de aliviar la situación financiera de estas infraestructuras y han buscado en vano fórmulas para salvarlas de la ruina, al menos ya existe una certeza: no hay futuro para las actuales concesiones más allá de 2018. Con su disolución llega, no obstante, la incógnita más espinosa para las arcas públicas: ¿cuándo y cuánto pagará el Estado en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) , el importe que el Tesoro Público debe abonar a la concesionaria, recogido por contrato, por hacerse con el control de la infraestructura antes de lo previsto?
La respuesta se encuentra, probablemente, en el término medio. Ni setrata de la solución totalmente gratuita para los españoles que se trató de pactar con la banca acreedora en la anterior legislatura ni se elevará a los 5.000 millones de euros que reclaman las concesionarias . El Tribunal de Cuentas, en un reciente informe, cifró en 3.718 millones de euros, más posibles sobrecostes por expropiaciones, el importe que se deberá detraer del el erario en concepto de RPA.
El cómo y el cuánto también dependerá del calendario de las negociaciones que se abrirá una vez que se liquiden las concesiones con los nuevos titulares de la deuda, un grupo heterogéneo de fondos internacionales (encabezados por Taconic, Strategic Value Partners y King Street). El Ejecutivo tendrá, entonces, la opción de pactar en el plazo máximo de nueve meses que permite la legislación la cuantía que le entregará para satisfacer la RPA o dilatar el pago apelando a los tribunales . Esta última opción, detallan fuentes de las sociedades concesionarias, tiene el inconveniente para el Tesoro Público de que genera intereses de demora a favor de los acreedores. Por tanto, la factura final podría elevarse sustancialmente si, finalmente, el juez da la razón a los propietarios de la deuda. Por tanto, recalcan estas sociedades, «es crítico que el Gobierno cumpla los plazos para así no encarecer la solución a través del devengo de intereses sobre la RPA». Y más cuando el rescate de las autopistas impactará en el déficit de 2018, como ha subrayado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), lo que entraña un grave riesgo para los objetivos de consolidación fiscal de ese año.
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