Las prestaciones deben ser las mismas para todos los españoles, según Báñez
CC.OO. y UGT comienzan una campaña de recogida de firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular sobre una prestación de ingresos mínimos
El Consejo Económico y Social (CES), situado en la madrileña calle de Huertas, ha vuelto a reunir a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y a los secretarios generales de CC.OO. y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente. En esta ocasión se trataba de una jornada sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) emprendida por los sindicatos para exigir una prestación de ingresos mínimos. A la misma han asistido diversos miembros de las ejecutivas sindicales, de los grupos parlamentarios y del ministerio.
Fátima Báñez ha declarado que su departamento, en colaboración con los sindicatos, está ultimando un mapa de prestaciones en nuestro país. Ha subrayado que «son muchas y difieren, según los modelos autonómicos, en tiempo y cantidades» y aboga porque «todos los españoles tengan las mismas prestaciones, vivan donde vivan; no hay colores ni territorios».
En este sentido, el presidente del CES, Marcos Peña , dijo que «es imprescindible un consenso nacional sobre rentas mínimas porque la destrucción de empleo ha provocado un grave daño social»
Antes del inicio de esta jornada, Toxo y Méndez iniciaron la campaña de recogida de firmas a favor de esta ILP de prestación de servicios mínimos. Su propuesta cuenta con un plazo de nueve meses, ampliables, para recoger medio millón de firmas y presentar esta iniciativa ante el Congreso. La misma persigue garantizar una prestación mínima por desempleo de 426 euros para personas que no reciban ningún tipo de ayuda o que mantenga un nivel de renta inferior al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).
Los requisitos para percibir esta prestación serán tener entre 16 y 64 años y estar inscrito como demandantes de empleo. Además, esta ayuda será indefinida en el tiempo, mientras se mantenga la situación que dé lugar a ser beneficiario de la misma.
Esta prestación sería financiada vía Presupuestos del Estado , con una partida de 11.000 millones de euros, lo que equivale a un 1% del PIB español.
