Casi el 30% de las pensiones públicas reciben alguna ayuda del Estado
En siete años los complementos a mínimos habrán superado los 50.000 millones
La diferencia entre lo cotizado durante la vida laboral y lo percibido cuando llega la jubilación es evidente si se analizan los recursos que el Estado dedica cada ejercicio a subvencionar las pensiones contributivas que no alcancen el umbral mínimo fijado cada año en los Presupuestos. El objetivo de las ayudas es garantizar un nivel mínimo de subsistencia a los pensionistas que no cotizaron lo suficiente para llegar a la jubilación mínima (636 euros al mes en 2016).
El porcentaje de esta ayuda, desde 2013 a cargo sólo de impuestos, ha ido en ascenso por las decisiones políticas de turno con las pensiones, especialmente de los gobiernos socialistas. De los 4.187 millones dedicados en el año 2002, se ha pasado a los 7.410 millones que se gastarán el año que viene.
Casi tres de cada diez pensiones públicas están en estos momentos apoyadas con fondos públicos. El porcentaje que recibe complementos es del 26,75%, el 39,81% en el caso de los autónomos, un colectivo que cuenta con menos años cotizados que el resto y cotizan en su mayoría por la base mínima. ¿El motivo? Los trabajadores por cuenta propia se quejan de las elevadas cotizaciones que tienen que abonar cada mes y desde hace años reclaman un nuevo sistema en función de los rendimientos netos que reciben, tal y como también aconseja el Pacto de Toledo.
Desde 2010 los complementos a mínimos superan los 52.000 millones de euros . De ellos, 7.410 millones están presupuestados para el año próximo, en el que más de 2,5 millones de pensiones recibirán estas ayudas. En julio, los perceptores que tienen derecho a mínimos recibieron una media de 208,91 euros al mes, según refleja el informe económico-financiero de la Seguridad Social.
El grueso de estos gastos siempre ha corrido a cargo de la Seguridad Social, hasta que en 2002 el Estado comenzó a participar en el pago de las ayudas en cumplimiento de una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, según la cual las prestaciones contributivas deben financiarse con cotizaciones sociales y las no contributivas con aportaciones del Estado.
Desde 2002 el Estado ha ido incrementando en 300 millones su aportación para la financiación de estas ayudas. No fue, sin embargo, hasta 2013 cuando el Estado asumió la financiación plena, lo que permitió separar y clarificar las fuentes de financiación.
La sombra del fraude
La concesión y disfrute de los complementos a mínimos no ha sido todos los años transparente. En 2013 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social cerró la campaña de control del fraude en el cobro de pensiones que decidió no hacer el Ejecutivo socialista durante los ejercicios de 2009, 2010 y 2011. Los resultados reflejaron que 124.522 jubilados percibieron de forma irregular estas ayudas durante los dos primeros años inspeccionados, lo que se corresponde con un importe reclamado de 234.5 millones que los jubilados tuvieron que devolver al sistema.
El pago de estas ayudas ha lastrado durante años las cuentas de la Seguridad Social, que busca ahora cómo desprenderse de gastos para sanear el sistema. La decisión afecta a las pensiones de viudedad y orfandad.
Los ingresos por cotizaciones hace ya años que son insuficientes para financiar las pensiones . La Seguridad Social tiene que recurrir desde 2012 al Fondo de Reserva para poder abonar las pagas extraordinarias. Ante este escenario, el Gobierno busca cómo aumentar los ingresos del sistema y una forma puede ser costeando con impuestos las prestaciones de viudedad y orfandad, como hace unas semanas admitió el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.
El gasto en pensiones crece año tras año. En 2016 el sistema tendrá que hacer frente a 135.448,93 millones de euros, casi 6.000 millones más que en 2015. El ascenso de los gastos es imparable. En la última década la partida presupuestaria destinada a este capítulo ha aumentado en casi 44.000 millones, después de pasar de los 91.458 millones previstos en las cuentas de 2007 a los 135.448 estimados para 2016.
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