El 34% de las infracciones de la cadena alimentaria es por pagar fuera de plazo

La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que se creó en enero del año pasado para prevenir los abusos en la cadena de producción y distribución de alimentos, ha puesto hasta el 30 de junio 86 denuncias, de las que 33 han sido trasladadas a las comunidades autónomas por haberse detectado venta a pérdidas y ser ellas las competentes en la materia.

En total los inspectores han realizado 615 inspecciones a empresas , de las que aproximadamente la mitad han sido en el sector de frutas y hortalizas y el resto se reparten entre productoras de aceite de oliva, leche líquida envasada y carne de pollo. El 20% de las inspecciones ha dado lugar a un expediente sancionador, siendo la distribución mayorista el eslabón de la cadena donde se han detectado más incumplimientos , con un 70% de los expedientes sancionadores, seguidas de la distribución minorista, con un 26% y la industria alimentaria y el sector productor, con un 2% cada uno.

La infracción más frecuente es no contestar a los requerimientos de la AICA, el 45% de los expedientes, seguida del incumplimiento de los plazos de pago, que se da en el 34% de los expedientes.

En total, las sanciones que se han propuesto han sido 23 , de las que 10 han sido por no contestar, 6 por ausencia de contratos y 7 por incumplomiento de los plazos de pago. Los receptores de estas sanciones han sido 11 distribuidores minoristas y 12 distribuidores mayoristas.

La puesta en marcha de la AICA era una reclamación casi histórica del sector productor de alimentos en España, que se quejaba de que no tenían un canal para denunciar los abusos que sufrían, sobre todo por parte de la distribución que le compra sus productos, normalmente a precios muy bajos, y luego los venden en el mercado a precios muy superiores.

Una de las quejas tradicionales de parte del sector productor es que en ocasiones la distribución vende a pérdidas sus productos pero en este aspecto concreto la AICAno tiene competencias, y es la razón por la que está desviando estas denuncias a las comunidades autónomas, las competentes para investigar y sancionar.

Desde el Ministerio de Agricultura se asegura que la legislación sobre procedimiento administrativo establece un máximo de 12 meses para concluir una investigación y en la actualidad la Agencia de Control Alimentario está resolviendo los expedientes en un plazo medio de entre 4,5 y 5 meses.