Rato pide al juez que urja a Antifraude a probar con documentos su acusación
Se niega a declarar hasta tener el informe de Hacienda, pide amparo y critica la fianza y la publicidad del proceso
La ausencia por ahora de pruebas indiciarias de que Rodrigo Rato cometiese fraude, blanqueo y alzamiento de bienes en el manejo de su patrimonio personal, como se le atribuye, está marcando el devenir de la causa judicial contra él. Así las cosas, el exvicepresidente del Gobierno, citado ayer como imputado en el juzgado, se acogió a su derecho a no declarar hasta que la Agencia Tributaria presente el informe que debe elaborar sobre la documentación que le incautó en su domicilio y su despacho hace tres meses y que dio origen al caso. Es decir, hasta que Hacienda ponga sobre la mesa pruebas sólidas . Rato entiende que sin ellas no puede defenderse.
«En estos momentos, mi derecho a defensa me obliga a no contestar preguntas porque desconozco los hechos de los que se me acusa y las bases fácticas en las que se podrían apoyar estos hechos », dijo ante el juez titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid y encargado de la investigación, Antonio Serrano-Arnal. Esa falta de evidencias e indicios llevó a Rato a quejarse al juez de las medidas cautelares que le han sido impuestas – una fianza de 18 millones de euros –, que ve excesivas y poco ajustadas a la acusación que se hace.
Rato, que entró y salió de los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid por el garaje por recomendación de la Policía para evitar incidentes con los preferentistas de Caja Madrid que le esperaban, manifestó al magistrado su disposición « a declarar, colaborar con la instrucción y acudir al juzgado tantas veces como sea requerido », según fuentes judiciales. Serrano-Arnal mostró su intención de volver a citarlo a declarar ante el juzgado, que con dos funcionarios de baja y la avalancha de miles de documentos que ha supuesto el caso ha solicitado refuerzos para poder atenderlo sin decuidar otros.
La Fiscalía de Madrid, a raíz de un primer informe de la ONIF, denunció en abril al exministro de Economía , ex director gerente del FMI y expresidente de BFA-Bankia por cinco delitos fiscales por supuestos impagos a Hacienda, un delito de blanqueo y otro de alzamiento de bienes a través de un complejo entramado societario, y lo mantuvo detenido durante la tarde en que agentes de Aduanas registraron su vivienda y su despacho profesional.
Esa actuación, televisada en directo, sería parte del tratamiento judicial recibido por Rato y que este también denunció ayer durante su conversación de casi media hora con el juez , durante la cual se quejó de la publicidad del caso y la consecuente presión que tanto él como su familia sufren.
Polémica en torno a la ONIF
La Fiscalía Anticorrupción ha descartado por ahora la posibilidad de que incurriese en un delito de alzamiento , y el juez ha dejado la causa sólo en un posible delito contra el Fisco, pero no de blanqueo y despatrimonialización. La principal queja de Rato, según fuentes cercanas a él, es que « desconoce de qué se le acusa y que la denuncia está llena de vaguedades », dicen.
De hecho, el exvicepresidente basa ya su estrategia de defensa en la polémica actuación de la Oficina Antifraude . Ayer mismo, el PSOE pidió el « cese fulminante » de su inspectora jefa, Margarita García-Vadecasas, que este mismo lunes se desvinculó en su declaración como testigo del informe que originó la investigación. La directora de la oficina dependiente de la Agencia Tributaria dijo que se limitó a firmar ese primer análisis , elaborado por dos funcionarios, y admitió que su contenido se reduce a «sospechas tempranas de posibles riesgos ». Esto es, ni indicios.
De hecho, y como informó ABC, antes de iniciar el caso, García-Valdecasas avisó de ese informe a la Fiscalía Anticorrupción, pero esta le advirtió de que estaba poco maduro y era necesiario seguir recabando datos antes de abrir diligencias de investigación.
Ante esto, y según fuentes próximas al exministro, Rato solicitó ayer amparo judicial al magistrado para que urja al Ministerio Público a que, cuanto antes, concrete los delitos de los que se le acusa y se presenten las pruebas documentales de esa acusación y el informe de la Oficina Antifraude.
A preguntas de este diario, un portavoz de la Agencia Tributaria dijo descnocer en qué fase de elaboración se encuentra ese informe y recordó la complejidad de procesar la elevada cantidad de documentos que se incauta en estos casos. En todo caso, la defensa del que fuera «número dos» del Gobierno de José María Aznar confía en que la ONIF presente pronto esa documentación y el caso se acelere.
