La Audiencia reabre la causa contra Spottorno y otros once directivos de las Visas B de Caja Madrid
El juez Andreu acordó el archivo de la investigación sobre ellos al considerar que eran meros empleados que recibieron las tarjetas como salario
La Audiencia Nacional ha ordenado reabrir la causa contra el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno , y otros once directivos por el uso las tarjetas opacas de Caja Madrid . En un auto, la sección tercera de la Sala de lo Penal admite el recurso de la acusación popular de UPyD contra el sobreseimiento provisional que dictó el juez Fernando Andreu. El magistrado que instruye el caso estimó que estos doce usuarios de las Visas B eran meros empleados que recibieron las tarjetas como parte de sus salarios.
La Sala de lo Penal, sin embargo, argumenta que la investigación practicada a estas alturas " no permite excluir la participación de los acusados en los hechos objeto de la investigación, estimándose por ello precipitado el sobreseimiento acordado ". Andreu acordó el archivo provisional a petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien marcó una clara línea entre los miembros del consejo y la comisión de c ontrol de la entidad , quienes pudieron cometer un delito como responsables de la entrega de las Visas, y los demás.
Los directivos afectados, que vuelven a ser objeto de investigación aunque el juez les mantuvo en la causa como posibles partícipes a título lucrativo , son Ricardo Morado, Ramón Ferraz, Matías Amat -la mano derecha de Miguel Blesa-, Mariano Pérez, Juan Manuel Astorqui, Carlos Martínez, Carmen Contreras, Carlos Vela, Ramón Martínez, Luis Gabarda, y Enrique de la Torre, el que fuera secretario del consejo, además de Spottorno.
El auto de la Sala de lo Penal, muy contundente, aporta doce argumentos para justificar que las tarjetas B no podían ser, ni en este caso, una forma de pagar un salario. Cita, entre otras razones, que « no existía acuerdo del los órganos competentes para su emisión y entrega ». Los acuerdos del consejo aportados por los directivos para justificar la entrega de las tarjetas, de 1988, 1994 y 1995, no permitían utilizar las tarjetas para gastos personales. Su destino era cubrir « gastos de viaje y representación o los ocasionados como consecuencia del ejercicio de sus funciones » en la entidad.
Las llamadas tarjetas 'black' « carecían de cualquier tipo de soporte o justificación contractual », continúa la sección tercera, que alude a lo declarado por el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el directivo que entregaba las Visas, De la Torre, para dejar claro que los directivos utilizaban los plásticos de forma libre. Tampoco se practicaba la retención oportuna a la Hacienda Pública ni por la entidad ni por los usuarios.
La «sorpresa» de la Audiencia
Los magistrados señalan que «sorprende» que los 82 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia -que gastaron en total 15,5 millones de euros en 9 años- no se dieran cuenta de que en sus certificados de retenciones fiscales no se incluían estas cantidades , «que oscilaban entre los cuarenta y cinco mil a cincuenta mil euros anuales».
La Sala de lo Penal, además, expone el ejemplo de Francisco Verdú, el que fuera consejero delegado de Bankia y único titular de las Visas opacas que no la utilizó. Los magistrados apuntan que «el oficio» del que disponía Verdú , como banquero veterano, que le llevó a renunciar al uso de la Visa B al no haber «justificación», era el mismo del que gozaban los demás directivos, casi todos ellos banqueros con largas trayectorias .
En esta investigación, el juez Andreu trata de averiguar si los directivos que usaron y emitieron las tarjetas opacas cometieron los supuestos delitos de administración desleal y apropiación indebida. Los expresidentes Blesa y Rodrigo Rato ya han sido señalados como supuestos responsables del esquema general de las Visas.
