La Junta pone «la mano en el fuego sobre la limpieza» del concurso de Aznalcóllar
Alega que los 13 funcionarios implicados tomaron una decisión colegiada y que la «complejidad técnica es difícil de manejar»
Los dos máximos responsables del concurso minero de Aznalcóllar, la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, y el secretario general de Innovación, Vicente Fernández, han declarado a los medios que ponen «la mano en el fuego sobre la limpieza» de esta adjudicación y han insistido en que trece funcionarios de diferentes consejerías han estado implicados en el proceso de análisis de las ofertas y han hecho la selección del ganador de forma colegiada.
Los dos altos cargos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía han precisado este miércoles que ha decidido la suspensión «temporal» de la adjudicación de la explotación minera por «prudencia» tras el auto judicial que alerta de «irregularidades» en el procedimiento y han subrayado el «inmenso esfuerzo» de los empleados públicos de la comisión ténica y la mesa del concurso.
Fernández y Asensio han comparecido durante hora y media ante los periodistas en una rueda de prensa y han respondido pormenorizadamente a todas las preguntas. Ambos se han mostrado convencidos de que se archivará finalmente la denuncia penal presentada por la empresa que no logró el concurso, Emerita Resources, y han expresado su disposición a explicar «con luz y taquígrafos» todo el procedimiento seguido.
Los responsables de este concurso internacional ahora cuestioando no han acudido todavía a declarar ante la juez, aunque sí han precisado que han comenzado a declarar algunos funcionarios.
Sobre el auto emitido por la juez de Instrucción 3 de Sevilla, Vicente Fernnández ha apuntado que «la documentación sobre la que se refiere tiene una extraordinaria complejidad técnica», con lo que «no es fácil de manejar».
La juez de Instrucción número 3 de Sevilla ha constatado «graves irregularidades» en la adjudicación que hizo la Junta de la actividad de explotación de la reserva minera de Aznalcóllar a la empresa Minorbis-Grupo México y ha pedido a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional que tome declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio Coto, «como responsable de las decisiones adoptadas» en el proceso de adjudicación.
En un auto fechado el pasado día 7 de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Patricia Fernández Franco pone de manifiesto que, de la información recabada hasta la fecha y del atestado elaborado por la UDEF, «se evidencian, al menos indiciariamente y sin perjuicio de lo que a lo largo de la investigación pueda ponerse de manifiesto, irregularidades graves que vendrían a confirmar gran parte de los extremos expuestos por la parte denunciante», como es la empresa Emérita Resources España SLU -finalista en el concurso minero-.
La magistrada también asevera que «no se aprecia que la entidad Minorbis-Grupo México «cumpliese las exigencias mínimas, ni siquiera para superar la primera fase del concurso de adjudicación».
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