La Audiencia de Madrid no ve relación entre la investigación a Rato y el caso Bankia

La instrucción del caso Rato, que investiga el manejo del patrimonio personal del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, se mantiene en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid, cuyo titular es el juez Antonio Serrano-Artal, y no acabará por tanto en la Audiencia Nacional. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Madrid, quien considera que ahora mismo «no aparece con claridad la conexidad» entre los hechos investigados en los juzgados de Plaza Castilla, donde a Rato le atribuyen cinco supuestos delitos fiscales, uno de blanqueo de capitales y otro de alzamiento de bienes, y el caso Bankia.

La sección número veintitrés de la Audiencia Provincial estima así el recurso que interpuso la Fiscalía Anticorrupción, contra la decisión de Serrano-Artal de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, donde el juez Fernando Andreu investiga a Rato por su labor en las irregularidades de la salida a Bolsa de Bankia. Además de como responsable de la emisión de las tarjetas opacas, con las que derrocharon 15,5 millones.

Además, la Audiencia Provincial entiende que tampoco «se puede afirmar con seguridad que los hechos investigados puedan constituir delitos que produzcan grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas», razones que por si solas justificarían la competencia de la Audiencia Nacional.

«Ahora mismo resulta imposible afirmar que concurre alguna de las notas que determinarían la competencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los hechos contenidos en la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid», afirma la resolución. Esto no significa que la investigación pueda, a medida que avance, revelar nuevos datos que supongan un cambio de competencia.

Para explicar la falta de conexión entre el caso Rato y las piezas del caso Bankia, el auto relata que las fianzas de responsabilidad civil que han sigo exigidas a Rato en la Audiencia Nacional ya han sido pagadas. El juez Andreu le impuso una fianza de 3 millones de euros como responsable del esquema de las llamadas tarjetas black , que cubrió con un aval bancario, y una fianza solidaria de 800 millones por la salida a Bolsa de Bankia, que ya ha sido abonada por la entidad.

Esta explicación desligaría sus movimientos de capital con una supuesta intención de eludir sus supuestas responsabilidades civiles en el caso Bankia, alega la Audiencia Provincial, quien concluye que el principal argumento para unir ambas causas no se sostiene.