Anticorrupción recurre la inhibición a favor de la Audiencia Nacional en el caso Rato
Fiscalía entiende que no hay conexión entre la investigación sobre el patrimonio del exministro de Economía y el caso Bankia
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado el recurso contra el auto de inhibición del juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Artal, quien despejó la competencia del caso que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, a la Audiencia Nacional, informaron fuentes jurídicas. La Audiencia Provincial de Madrid es la encargada de resolver el recurso.
Como ya afirmó ayer la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, Anticorrupción entiende que de momento no existen vínculos entre la investigación del manejo de la fortuna de Rato, por lo que ha sido denunciado por cinco delitos fiscales, uno de blanqueo de capitales y uno de alzamiento de bienes, con las causas que cercan a Rato en la Audiencia Nacional dentro del caso Bankia.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, titular del juzgado central de instrucción número cuatro, investiga a Rato por su implicación en las supuestas irregulariadades que tuvieron lugar en la fusión y salida a Bolsa de Bankia y por su responsabilidad en la entrega y uso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia, con la que 82 ex altos cargos gastaron 15,5 millones de espaldas a Hacienda.
Bankia y Anticorrupción
A pesar de que la fiscal apuntó, en el decreto por el que otorgó la causa a Anticorrupción en detrimento de la Fiscalía de Madrid, que una de las razones para tomar esta decisión era que Anticorrupción ya investigaba a Rato en las mencionadas causas de Bankia, la fiscalía cree que no hay conexiones entre ambos casos.
Aún así, la nueva investigación ha apuntado que los supuestos movimientos de capital del exvicepresidente del Gobierno pretendían ocultar su patrimonio para evitar afrontar las posibles responsabilidades civiles que puedan imponerle si acaba siendo condenado en las piezas del caso Bankia, donde ya le han impuesto una fianza individual de 3 millones y una solidaria de 800 millones.
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