La fiscal general entrega el caso Rato a Anticorrupción

La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha otorgado esta mañana a la Fiscalía Anticorrupción la competencia para investigar el caso Rato. Lo ha hecho a través de un decreto con el que en la práctica aparta a la Fiscalía de Madrid del caso basándose en la Instrucción 4/2006 de la Fiscalía General del Estado. Madrigal accede así a la solicitud que el pasado viernes le hizo el fiscal-jefe Anticorrupción Antonio Salinas apelando a la trascendencia del asunto y en que esta fiscalía ya lleva años investigando al exvicepresidente del Gobierno con motivo de su imputación en el caso Bankia y, más recientemente, en la pieza de las tarjetas opacas. El decreto revela que la Fiscalía imputa a Rato cinco delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes, entre otros que puedan resultar de la investigación en curso.

La causa que investiga el patrimonio de Rodrigo Rato ha caído ya en la Audiencia Nacional. El titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, se ha inhibido en favor del juzgado de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, donde se investigan las otras causas que pesan sobre Rodrigo Rato, por sus posibles irregularidades en la gestión de Bankia.

El decreto de Madrigal, de tres folios de extensión, relata que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado viernes 17 de abril la atribución de la competencia al estimar que los hechos investigados están comprendidos en su ámbito de actuación. Justifica la atribución de la competencia en la especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos investigados y en que «la investigación de las conductas típicas se prevé de particular complejidad, a la vista de la estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rodrigo rato, lo que aconseja atribuir la competencia a la Fiscalía Anticorrupcion, de modo que el análisis jurídico penal realizado por los fiscales pertenecientes a ella se vea complementado por la actuación de las Unidades de Apoyo de las que está dotada (...)», informaron fuentes fiscales.

Madrigal recuerda también a que Anticorrupción se ocupa de otro procedimiento judicial en la Audiencia Nacional del que pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente dicho imputado habría intentado eludir.

La instrucción 4/2006 regula las atribuciones y organización de la Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción y delincuencia organizada. El propio texto prevé que sea la Fiscalía General del Estado la que resuelva «disputas» que puedan producirse en el seno del Ministerio Público durante una investigación. Así, contempla el caso en el que «la denuncia hubiera sido presentada en otra Fiscalía, o si durante una investigación de ésta o su intervención en una causa judicial, resultase que conforme a esta Instrucción habría de actuar la Fiscalía Especial (...)».

La instrucción contempla que cuando resultase «alguna diferencia sobre la Fiscalía competente para ejercer las funciones del Ministerio Fiscal en un asunto concreto, el órgano que discrepe comunicará la situación al Fiscal General del Estado, que la resolverá mediante decreto». Mientras se resuelva esa cuestión se podrán practicar actuaciones que sean urgentes. Prueba de ello es que a última hora de la tarde del viernes, el juez ordenó el bloqueo de las cuentas de Rato.