El patrimonio regularizado por Rato provendría de una herencia familiar
La investigación al exministro se centra en una compleja red de sociedades con origen en Suiza
No hace comentarios sobre asuntos personales. Tampoco quiere confirmar ni desmentir nada de lo que le llega. Pero Rodrigo Rato vuelve a estar en primera plana de los periódicos. Ahora por una filtración sobre una investigación abierta por presuntos delitos de blanqueo de capitales a numerosos contribuyentes, que decidieron acogerse a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Entre ellos, Rato. Algo que, dicen, le suena a chino y no sabe de dónde ni por qué le viene.
Y es que el exvicepresidente económico se acogió a la «amnistia fiscal» en 2012 para regularizar su patrimonio, precisamente coincidiendo con un triste acontecimiento familiar: el fallecimiento de uno de sus hermanos, Ramón Rato. Fuentes conocedoras de aquella situación, explican que ese patrimonio regularizado no estaría relacionado con sus anteriores actividades profesionales -algunos ya «elucubraban» ayer mismo con lo ganado por el exministro en su etapa de director gerente del FMI o con sus negocios relacionados con Lazard -, sino con una herencia recibida tras la muerte de su hermano Ramón, encargado de gestionar la fortuna cosechada en el pasado por la familia.
Una fortuna que comenzó a «amasar» su padre, también Ramón Rato, y que se convertiría en un entramado societario familiar que, a la muerte de su hermano, Rato asumió. Como fuere, una vez que el exministro se acogió a la amnistía fiscal en 2012, la Agencia Tributaria comenzó a investigar esta «compleja» red de sociedades con origen en Suiza, según fuentes conocedoras del proceso.
En declaraciones a ABC, el exvicepresidente del Gobierno rechazó tener constancia de que el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) l e haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales. Asimismo negó contar con sociedades en Islas Vírgenes o Gibraltar, como han asegurado algunos medios.
Hasta 618 empresas y 29.065 personas se acogieron a la llamada amnistía fiscal de 2012. De ellas, la Agencia Tributaria remitió al Sepblac una lista con 705 nombres sospechosos de blanqueo de capitales.
Como han confirmado a ABC fuentes oficiales, estos 705 presuntos defraudadres han sido catalogados por el Sepblac como PEP (Politically Exposed Person), es decir, todos ellos han desempeñado funciones políticas destacadas y son sospechosos de cohecho. Es el caso de Rodrigo Rato, antiguo ministro de Economía.
Al analizar la información recibida por el Modelo 750, la Agencia Tributaria inició una «primera tanda» de investigaciones entre los acogidos que tenían lazos con el sector público, delos que encontró los 705 sospechosos que mandó al Sepblac. En el futuro, el organismo podría remitir al servicio de blanqueo nuevas tandas de posibles defraudadores del sector privado, como empresarios o promotores, si encuentra indicios de ilegalidad.
La amnistía fiscal de 2012 permitió regularizar rentas ocultas a cambio de tributar un 10% de lo declarado. Hacienda afloró unos 40.000 millones de euros pero sólo recaudó unos 1.200 millones. La Agencia Tributaria ha realizado alguna comprobación sobre más de 1.000 acogidos a la amnistía. Asimismo, ha abierto 357 expedientes de los que ya se han cerrado 51 de ellos con 12 millones de nuevos ingresos.
«La lista Falciani no es nada al lado de lo que tenemos ahora a través del modelo 750 y el modelo 720 -declaración de bienes en el extranjero-», señaló en su momento el director de la agencia, Santiago Menéndez.
Retirada del pasaporte
Al trascender la noticia sobre Rato, UPyD, la acusación popular que impulsó el caso Bankia, solicitó al juez Fernando Andreu que retire al exministro el pasaporte y le prohíba salir de España. En un escrito, al que ha accedido ABC, la formación explica que esta medida es «ineludible» por los «reiterados» viajes del expresidente de Bankia a Suiza, ya que podría ocultar o distraer el patrimonio que tenga, que podría ser necesario para cubrir su posible «responsabilidad civil derivada de los delitos investigados» en el caso que investiga la fusión y salida a Bolsa de la entidad y en la pieza de las tarjetas opacas de Caja Madrid.
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