Agendas del caso Gao Ping confirman el blanqueo en Banca Privada de Andorra
Los documentos fueron intervenidos por la Policía en 2012 en la operación contra la mafia china y contienen el pago de comisiones
Las pruebas obtenidas en la operación Emperador contra la mafia china liderada por Gao Ping (octubre de 2012) confirman las actividades ilícitas que han acabado con la detención del consejero delegado de la Banca Privada de Andorra, Joan Pau Miquel Prats , por blanqueo de dinero. En la investigación de la Policía se intervinieron, entre otra valiosa documentación, agendas de Rafael Pallardó, una persona al servicio de la trama que se encargaba de sacar dinero de España de forma opaca a través de Andorra. En esos cuadernos figuran, junto a la inscripción «J. P. Miquel», anotaciones de lo que parece el pago de cantidades como comisión, que oscilarían entre los 500.000 y los 600.000 euros.
Estas agendas, así como otro material probatorio de enorme importancia, han sido puestas a disposición de la Fiscalía andorrana, con quien coopera la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado. Esta última fue la encargada de impulsar la operación Emperador. Según ha podido saber ABC, entre el material que se ha puesto a disposición de Andorra está la prueba evidente de que el hasta ahora consejero delegado de la Banca Privada de Andorra conocía el origen ilícito del dinero que manejaba y entregaba Pallardó y las explicaciones sobre la operativa de blanqueo que el directivo daba a su «cliente».
La relación entre la operación Emperador y el blanqueo que se realizaba con la connivencia de esa entidad es tan estrecha que hay documentadas reuniones entre Weijun Yang, cuñado de Gao Ping , y empleados de la Banca Privada de Andorra. En esos encuentros los segundos ofrecían todo tipo de garantías y animaban al lugarteniente del capo a seguir canalizando los fondos opacos a través de su banco. A cambio, había suculentas comisiones, según la investigación. Las autoridades judiciales andorranas han pedido a España la máxima celeridad en un asunto que es trascendental para ese país al afectar a la credibilidad de su sistema bancario. La justicia española, por su parte, ha decidido colaborar de manera estrecha y esta semana podría estar cumplimentada la comisión rogatoria pedida.
Registro en Andorra
Lo cierto es que este asunto es también de un gran interés para España, ya que no hace sino confirmar las investigaciones realizadas por la Policía respecto a las actividades de blanqueo de la trama de Gao Ping y otras que aún están abiertas. Además, se abre una vía de colaboración aún más intensa con Andorra, país por el que pasan los flujos financieros de muchos otros entramados criminales.
La red de blanqueo dirigida por Rafael Pallardó se encargaba de recoger el dinero de los chinos relacionados con Gao Ping y enviarlo luego a su país a través de Andorra. A cambio, su grupo se quedaba con un porcentaje que podía llegar al 4%. El propio Pallardó ha llegado a reconocer estas actividades, que ahora alcanzan una mayor relevancia tras la intervención de la Banca Privada de Andorra y de su filial española, el Banco Madrid.
La operativa de blanqueo era sencilla. La Banca Privada de Andorra -y el Banco Madrid - no se dedicaban a hacer inversiones con el dinero de sus clientes, como corresponde a este tipo de entidades, sino que llevaban el dinero hasta la cuenta del extranjero que el cliente le indicaba, a cambio de una comisión. A veces dejaban una parte de la cantidad en cuenta durante algún tiempo por si se pedían explicaciones, y luego la seguían vaciando. Ayer el fiscal general andorrano lideró el registro de la sede del banco afectado, realizado junto a expertos en blanqueo de la Policía de ese país.
Las fuentes consultadas muestran su extrañeza por la actuación del Banco de España en relación con el Banco Madrid. No ven lógico que si el supervisor apreció indicios de actividades delictivas para justificar la intervención no denunciara al tiempo los hechos a Anticorrupción para que actuara de inmediato. De hecho, la denuncia llegó del Sepblac 24 horas después de la actuación del Banco de España. Este desfase temporal, ha podido ser aprovechado para destruir información, según estas fuentes.
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