Fomento prohíbe rodar a los camiones por 16 tramos de carreteras nacionales
Calcula que los transportistas ahorrarán hasta 44 euros con el uso de las autopistas
El borrador de la orden ministerial por la que a partir del próximo mes de abril se desviará el tráfico de los camiones de gran tonelaje desde las carreteras convencionales a las autopistas de pago en determinados tramos ya se encuentra en manos de las asociaciones de transportistas. Quedan aún detalles del proyecto pendientes de desarrollo que el Gobierno pretende pactar con las organizaciones empresariales, representativas de un sector sumamente atomizado y con presencia de numerosos autónomos.
En total, son 16 los tramos, que suman 1.347,5 kilómetros, en los que los camiones se verán obligados a abandonar su ruta habitual por carreteras de un único carril para circular por las autopistas (ver gráfico adjunto). El Gobierno incentivará, a cambio, a los camiones con una subvención del 50% sobre el importe del peaje, que se complementará con un descuento del 35% para el resto del trazado de autopista adicional al obligatorio.
El Ejecutivo considera que, aparte de los beneficios sobre la seguridad viaria y la descongestión de estos trazados, la medida resultará beneficiosa para la cuenta de resultados de los transportistas, ya que les permitirá un ahorro medio del 13% (12 céntimos de euros por kilómetro) al pasar de los 88 céntimos que les cuesta por kilómetros circular en estas vías convencionales de gran congestión a los 76 céntimos en su alternativa de pago, gracias a que las autopistas permiten unos menores costes de tiempo de trabajo y combustible.
Fuentes de la Administración conocedoras del contenido del plan concretan que las carreteras afectadas que permitirán un mayor ahorro, por su longitud y trazado, son la AP-9 en Ferrol y O Porriño (Galicia), AP-7 Cartagena-Vera, (Murcia-Andalucía) y esta misma autopista a la altura de Silla y San Juan (Comunidad Valenciana), con un margen de 44, 22 y 19 euros, respectivamente.
En todo caso, en el resto de los recorridos el beneficio económico calculado por el Gobierno es menor, en algunas ocasiones de apenas unos céntimos de euro por todo el trayecto (como la AP-6 entre Villalba y Adanero, en Castilla y León; la AP-51, entre Ávila y Villacastín, y la AP-53 entre Santiago de Compostela y Alto de Santodomingo).
La medida, que parte del Ministerio de Fomento, se deberá consensuar tanto con la Dirección General de Tráfico (DGT) como con las sociedades concesionarias. Algunas de ellas, como la sociedad AP-7, atraviesan graves dificultades financieras. De hecho, la de Cartagena-Vera es una de las nueve autopistas de peaje que se integrará, si finalmente llegan a un acuerdo el Gobierno y la banca acreedora, en la sociedad pública de autopistas.
Declarada en concurso de acreedores en 2013, Aucosta (sociedad gestora de la AP-7) acompañaría en la reedición de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) a las cuatro radiales madrileñas (R-2, R-4, R-5, R-3), la AP-41 entre Madrid y Toledo, la circunvalación de Alicante, el eje aeropuerto a Barajas y la AP-36 entre Ocaña-La Roda, ninguna de ellas presente en el borrador de la orden ministerial.
El Ejecutivo insiste, por tanto, en que el objetivo no es dotar de tráfico a estas infraestructuras apenas utilizadas, sino descongestionar aquellos recorridos con una mayor densidad de circulación y evitar en lo posible la siniestralidad. En este sentido, desde el Ministerio de Fomento se recuerda que una prueba piloto que se llevó a cabo al canalizar el tráfico de la N-II a la AP-7 entre Massanet y La Junquera (Gerona) registró durante los primeros 16 meses un retroceso de los accidentes con víctimas del 67%.
Precisamente, es esta asociación entre siniestralidad y vehículos de gran tonelaje la que ha suscitado parte del rechazo de las organizaciones de transportistas a la nueva normativa. «Se nos señala como causantes de la siniestralidad, cuando en el 70% de los accidentes en los que se ven envueltos vehículos pesados el conductor profesional no es el responsable», señala un portavoz oficial de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM).
Los autónomos, críticos
Los transportistas -sobre todo los autónomos, los más críticos con el nuevo sistema- indican que existen muchas dudas acerca del coste real de la medida, especialmente en aquellos servicios que incluyen portes intermedios, es decir, aquellos que obligan a desviarse a los transportistas durante el trayecto obligatorio por autopista. Temen que la DGT les fuerce a pagar cada vez que accedan a ellas. Sin embargo, desde Fomento hacen hincapié en que hay disposición a «pactar» los términos del plan con las organizaciones profesionales y, especialmente, planteamientos «razonables» como eludir este coste adicional.
La CETM solicitará, asimismo, que el Ejecutivo aclare si prevé mantener la subvención de manera indefinida o sólo de manera provisional y que el desvío a las autopistas no resulte obligatorio. Fomento hace hincapié en que fue la DGT la que impuso la obligatoriedad con el propósito de que la iniciativa tuviera repercusión, aunque detalla que exclusivamente afectará a los vehículos de gran tonelaje (cuatro o más ejes).
En todo caso, el Gobierno está decidido a no dar marcha atrás. Así, ha consignado en los Presupuestos de 2015 de una partida de diez millones de euros para compensar a las sociedades concesionarias por las bonificaciones.
Noticias relacionadas
