Los exconsejeros de las tarjetas «B» señalan que su uso se extendió a gastos personales con Blesa
El fiscal pide fianzas civiles para Moral Santín y otros cinco exdirectivos de la caja para garantizar la devolución del dinero
Los primeros exdirectivos de Caja Madrid en declarar ante el juez por el escándalo de las tarjetas «B» coinciden en que fue a partir de la llegada de Miguel Blesa a la entidad, en 1996, cuando el sistema de las Visas se pervirtió. Así han informado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio de los 10 exconsejeros citados el lunes por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu.
En concreto, y según han declarado, durante la presidente de Jaime Terceiro, el uso de esas tarjetas estaba limitado a gastos de representación y tenían instrucciones del secretario del consejo de entonces, Ángel Montero, de hacer un uso prudente de las mismas. Bajo el mandato de Blesa, en cambio, el uso se extendió a gastos personales y la dirección no solicitaba justificantes de los cargos.
Es más, algunos exdirectivos empezaron presentando esos justificantes y la dirección les comunicó que no era necesario. Los gestores -todos señalan a Blesa y el exsecretario del consejo Enrique de la Torre- llegaron incluso a recriminar a algunos titulares de las Visas el escaso uso que estaban haciendo de las mismas. Pedro Bedía, de CC.OO. y quien gastó 78.200 euros, ha relatado que recibían llamadas «exhortándoles» para que dieran un mayor uso.
Ahora bien, el concepto de gastos de representación ya era bastante amplio durante la etapa de Tercero, según los exdirectivos. Ramón Espinar, que accedió al consejo fe la entidad en representación del PSOE, ha detallado en este sentido que Montero especificó que podían cargar gastos en «viajes, hoteles, libros y restaurantes», entre otros.
Fiscalía
El fiscal se mostró «muy incisivo» en su interrogatorio, y el juez solo se dirigió a Juan Antonio Moral Santín, que llegó a ocupar la vicepresidencia en representación de IU e hizo cargos por más de 400.000 euros. Según fuentes presentes en la sala, este no supo responder por qué no agotó el límite de su tarjeta si era parte de su salario, como defiende, y por las reiteradas y pautadas retiradas en efectivo que hacía con su visa. Se ha limitado a expresar que no los agotó porque utilizó la tarjeta «para los gastos habituales, para lo que procedía».
Moral Santín, uno de los que más dinero gastó, ha explicado que los gastos eran «una remuneración por la que «nadie les pedía cuentas». Además, cuando le han preguntado por la justificación contractual de esa remuneración extra, ha señalado que estaba basada en una «relación estatutaria, no laboral».
Las versiones de los diez magistrados citados por hoy por el magistrado han sido contradictorias a la hora de justificar el motivo de esos gastos. Mientras unos hablan de gastos de representación, la mayoría lo enmarcan dentro de su sistema retributivo. En lo que sí coinciden todos es en señalar que si no tributaron por esos gastos a Hacienda es porque pensaban que Caja Madrid lo hacía por ellos. Desconocían, por tanto, que se tratara de unas Visas "black", como se afirmaba en algunos correos electrónicos cruzados por los exdirectivos.
Interrogatorio Moral Santín
El interrogatorio de Moral Santín -que se extendió más de una hora- ha sido el más duro de la mañana. El exconsejero ha señalado que el presidente de la entidad era el que marcaba los límites de los gastos, según el cargo y dedicación de cada directivo. Una cuestión polémica ha sido el uso que realizaron algunos exdirectivos después de abandonar las entidades. Según han explicado los imputados, había «uso y costumbre» de utilizar las Visas hasta 3 meses después de salir de la caja, ya que la entidad les buscaba un cargo en el consejo de alguna entidad participada.
Ante estas explicaciones, el fiscal del caso, Alejandro Luzón, ha solicitado fianzas civiles para seis de los diez directivos que han declarado hoy, según fuentes jurídicas. El Ministerio Público ha pedido que cada imputado garantice la cantidad que gastó, para cubrir la posible responsabilidad civil que se declare en el juicio. El FROB, que está personado como perjudicado, se adhirió a la petición.
El fiscal, sin embargo, no ha exigido fianza para los exconsejeros Rodolfo Benito, Guillermo Marcos Guerrero, Juan José Azcona y Gonzalo Martín Pascual. En el caso de Azcona, Luzón considera que sus cargos con la Visa -99.300 euros- se limitaron a gastos de representación, por lo que no se extralimitó. Sobre los otros tres, el Ministerio Público se reserva la opción de pedir la medida cautelar en el futuro al no estar del todo clara la naturaleza de los gastos que realizaron.
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