Empresas del MAB reclaman incentivos fiscales a la inversión en este mercado

Las pequeñas y medianas empresas españolas que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) siguen defendiendo la fiabilidad y viabilidad de esta plataforma a pesar de escándalos como el de Gowex . En ese contexto, un grupo de esas compañías, liderado por el principal inversor de ese mercado, Antonio Romero-Haupold, solicitará hoy en el Congreso de los Diputados incentivar fiscalmente las inversiones en las empresas de este mercado y crear un fondo público que inyecte capital en esos grupos.

Romero-Haupold, acompañado de altos directivos de Catenon, Euroconsult, Facephi y Eurona Telecom, presentará al presidente de la comisión de Economía de la Cámara baja un documento que recoge una batería de propuestas concretas de mejora de esa fiscalidad, así como medidas que faciliten el paso del MAB al mercado continuo . En este sentido, la reciente ley de fomento de la financiación empresarial ya flexibiliza ese tránsito, y establece una capitalización máxima de 500 millones de euros para operar en el MAB , de forma que en caso de superar deberán dar el salto a la Bolsa.

Las medidas planteadas por estas empresas afectan a impuestos como el IRPF, el de Sociedades y el de Operaciones Societarias. «Tendrían un impacto positivo para las cuentas públicas, ya que su coste sería muy inferior a los beneficios», defiende Romero-Haupold en un comunicado, en el que recuerda que en España, hasta 1988, había incentivos similares como una deducción de entre el 15% y el 17% por adquirir valores cotizados y en caso de mantenerlos en cartera al menos tres años. El objetivo es que el MAB cuente con un impulso fiscal como los que tienen los mercados alternativos de Reino Unido (Alternative Investment Market o AIM), de referencia, y de Francia (Alternext).

Las empresas plantearán también a la comisión la creación de un fondo público que suscriba ampliaciones de capital de las compañías del MAB junto con los inversores privados. Este fondo, según Romero-Haupold, se presentará como un complemento a las inversiones que la Administración pública dedica cada año a capital riesgo y que en 2012 ascendieron a 378 millones de euros.