IX encuentro sector infraestructuras
Fomento dará entrada a una empresa privada en el AVE a Valencia antes de junio
La ministra de Fomento, Ana Pastor, señala que la privatización parcial de AENA culminará el 11 de febrero
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado durante la clausura del IV Encuentro del Sector de las Infraestructuras organizado por Deloitte, OHL, Alstom y ABC que la liberalización del transporte ferroviario de pasajeros, que incluirá la apertura a una empresa privada del eje Levante (AVE Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y próximamente Madrid-Murcia), se hará efectiva durante el primer semestre del año.
«Está en marcha el proceso de licitación para que la apertura a los competidores privados se produzca durante 2015», detalló la titular de Fomento, quien avanzó que su departamento remitirá la orden ministerial que regula la asignación de capacidad ferroviaria al Consejo de Estado próximamente para que finalmente se licite durante «este semestre».
Pastor hizo hincapié en que el Gobierno, a la hora de realizar la concesión del servicio, valorará el «plan de negocio y económico-financiero» presentado por las empresasinteresadas. «Queremos contar con las máximas garantías y asegurar precios competitivos para los ciudadanos».
La máxima responsable de la política de infraestructuras y transportes del Ejecutivo se ha referido también a la privatización parcial de AENA, que previsiblemente aprobará el Consejo de Ministros este viernes. «Si todo va conforme a lo previsto por el comité de salida a bolsa de AENA el proceso culminará en la segunda semana del mes de febrero, el día 11».
En relación con las autopistas en quiebra, Pastor recordó que «el Ministerio sigue intentado llegar a una solución (que pasa por la creación de una sociedad pública que las aglutine, después de una quita del 50% sobre la deuda) para que no le cueste un euro a los españoles». La ministra reconoció que «sigue sin haber un punto de confluencia» entre las entidades acreedoras y la Administración, pero insistió en que hay que encontrar una solución, ya que «la alternativa» es que el Estado asuma la RPA (Responsabilidad Patrimonial) de los contratos, que cifró en 4.000 millones. «Ojalá haya acuerdo pronto, porque es muy necesario», zanjó.
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