Ruz abre juicio oral contra los exdirigentes de Caja Castilla La Mancha

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado la apertura de juicio oral contra los exdirigentes de Caja Castilla La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega Rodríguez-Arias por supuestos delitos societarios de falseamiento de cuentas anuales y de administración desleal por las irregularidades que cometieron al frente de la entidad.

En el auto, el magistrado impone un fianza solidaria de 138,2 millones de euros para ambos -el expresidente de la entidad y exdiputado del PSOE, Hernández Moltó, y para el exdirector general, Ortega Rodríguez-Arias- con la intención de asegurar la posible responsabilidad civil que se determine en el juicio por el perjuicio económico que causaron a Banco Castilla-La Mancha. Tienen un plazo de diez días para entregar la fianza y, en caso de no hacerlo, serán embargados.

En este proceso, la Fiscalía Anticorrupción solicita para ambos procesados una pena de prisión de dos años y seis meses por un supuesto delito de falsedad contable en concepto de autores. Las acusaciones Banco Castilla-La Mancha y Adicae van más allá al solicitar penas de cinco años y medio y cinco años de cárcel respectivamente, al atribuirles también el delito de administración desleal.

Los hechos que van a ser juzgados son las cinco operaciones fallidas en las que ambos procesados participaron como dirigentes. Estas irregularidades dejaron a Caja Castilla La Mancha en una situación tan débil que fue la primera entidad financiera en ser nacionalizada por el Gobierno en marzo de 2009. Tuvo lugar un rescate por 9.000 millones de euros y Hernández Moltó y Ortega Rodríguez-Arias fueron destituidos por el Banco de España.

En sus interrogatorios, los dos procesados llegaron a admitir que avalaron la concesión de créditos sospechosos porque contaban con el visto bueno de los responsables de riesgos de la entidad. A lo largo de la instrucción, el magistrado ha explicado que existen indicios de que ambos directivos perjudicaron a la entidad por la "notoria desproporción entre los riesgos concedidos y su probabilidad de recuperación".

Las supuestas operaciones fallidas consistieron, entre otras cosas, en refinanciaciones sin petición de aval, la financiación de operaciones inmobiliarias con condiciones más favorables a las que dictaba el mercado o la condonación de intereses sin la aprobación de la comisión ejecutiva de la entidad financiera. Todas estas irregularidades, que dejaron moribunda a la entidad, les ha llevado al banquillo.