Isabel García Tejerina: «Queremos que haya 15.000 nuevos jóvenes agricultores en cinco años»
La nueva PAC consolida la situación de los pequeños perceptores que cobran menos de 1.250 euros al año, según recuerda la ministra de Agricultura
Isabel García Tejerina asumió la cartera de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el pasado abril. Dado que ya era la mano derecha de Miguel Arias Cañete, la agenda y las prioridades de este ministerio no se han modificado sustancialmente en estos meses. El cambio en la imagen, sin embargo, sí ha sido radical. Esta vallioletana es más sosegada y reflexiva en sus declaraciones, fruto de su propio carácter y de su formación técnica (es ingeniera agrónoma, licenciada en Derecho y máster en Economía Agraria por la Universidad de California). En 1998 ya fue responsable de Agricultura en la oficina de la Junta de Castilla y León en Bruselas; de ahí pasó a asesorar a Loyola de Palacio, para asumir posteriormente la Secretaría General de Agricultura, primero entre 2000 y 2003, y después en 2012.
—En enero entra en vigor la nueva PAC. ¿España consiguió sus objetivos para este nuevo periodo?
—La reforma ha traído noticias muy positivas. Cuando llegamos al Gobierno se esperaba un gran recorte de ayudas y había una propuesta mala para España. Revertimos la situación y logramos 47.000 millones de euros para los agricultores y ganaderos españoles, más dinero del que dispusieron anteriormente, lo que ha creado un escenario de estabilidad. Hay aspectos muy positivos: la nueva PAC consolida la situación de los pequeños perceptores que cobran menos de 1.250 euros al año y que hasta 2020 mantendrán su ayuda con un tratamiento favorable en cuestiones como la condicionalidad o el "greening". A partir de 2015 solo las superficies con actividad agraria recibirán ayudas, con lo cual se acabó el agricultor de sofá, y la PAC será más beneficiosa para los jóvenes.
—¿Se ha fijado metas concretas para la incorporación de nuevos agricultores?
—Queremos que haya 15.000 nuevos jóvenes agricultores entre 2015 y 2020, un 50% más que en el periodo anterior. Hemos diseñado un paquete de medidas que en algunos casos están en el marco del desarrollo rural y en otros son propias de la Administración española, que harán que sea un destino atractivo para los emprendedores. Habrá una ayuda a la primera instalación de hasta 70.000 euros por beneficiario; durante los cinco primeros años de actividad se complementará la ayuda directa de la PAC; los jóvenes que no tengan derecho al pago base recibirán la ayuda de la reserva nacional de manera prioritaria y gratuitamente; tendrán ayudas en condiciones favorables a la inversión en activos físicos que mejoren las explotaciones; accederán a una desgravación fiscal en la declaración por módulos del 25% del rendimiento neto durante cinco años; y lo que más nos piden: acceso al crédito. Para ello trabajamos en una línea de financiación a través de un instrumento nacional de préstamos y garantías al que se sumarán comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia y Extremadura.
—La nueva PAC destina una inversión importante a I+D, pero los agricultores deben dar el primer paso. ¿Se están haciendo las tareas?
—A principios de 2015 presentaremos el programa de I+D+i del sector agroalimentario y forestal, para lo que hemos elaborado una macroencuesta en todas las comunidades con 1.800 respuestas que detectan las necesidades. El programa tiene como meta que se transfiera de forma rápida y efectiva el conocimiento allá donde se necesite. Dentro del programa de desarrollo rural se constituirán los grupos operativos donde el sector agrario detectará las necesidades, propondrá proyectos piloto, conseguirá resultados y los compartirá. Hay áreas en las que el sector ya se está movilizando y el Gobierno considera prioritario el buen aprovechamiento de este programa.
—Crear grandes cooperativas es un objetivo recurrente. ¿Se conseguirá con la nueva ley de integración?
—Se han puesto en marcha los mecanismos de unión e integración y es parte de una estrategia necesaria para reforzar el papel de los productores y conseguir un sector más competitivo. Hay dos instrumentos importantes, la creación de la figura de la entidad asociativa prioritaria y el plan especial de integración cooperativa, con un presupuesto asociado muy relevante a través del plan nacional de desarrollo rural (más de 500 millones). Actualmente tenemos contactos informales con tres grupos de cooperativas interesadas en convertirse en entidad asociativa prioritaria. Si cumplen los requisitos, podrían acabar siéndolo.
—¿Por qué es tan difícil una fusión entre cooperativas de distintas comunidades autónomas?
—Al llegar al Gobierno vimos que si dos cooperativas de diferentes regiones querían integrarse, por oportunidad económica o por estrategia, sufrían una división administrativa que las dejaba desprotegidas y al margen de las ayudas. Por eso hemos peleado para que con la reforma de la PAC tuviéramos un plan nacional de desarrollo rural que contemplara estas uniones, con las ventajas económicas y el respaldo administrativo necesario.
—Sobre la Ley de la Cadena Alimentaria, el sector de la distribución dice que se ha ido demasiado lejos y los agricultores creen que se queda corta. ¿Cómo está funcionando?
—Se ha avanzado en la regulación de las prácticas comerciales abusivas, ningún Estado de la UE ha ido tan lejos. Hoy funciona a pleno rendimiento la Agencia de Información y Control Agroalimentario, que vela por el cumplimiento de la ley. Ya hay una sanción efectiva, 17 expedientes en tramitación y se han hecho 1.500 inspecciones. En la crisis originada por el veto ruso, en solo cuatro días la agencia tenía un plan para evitar abusos en el sector de las frutas y hortalizas ante las situaciones desesperadas por el cierre de las exportaciones a Rusia. Ahora estamos tramitando el reglamento para desarrollar las buenas prácticas mercantiles, negociando con todo el sector y, aunque será voluntario, irá más allá de lo que establece la ley, por lo que alcanzar un gran acuerdo es importante. Y nos queda avanzar en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que además de las funciones que ejercía el Observatorio de Precios de los Alimentos hará un seguimiento de las prácticas comerciales, detectará incumplimientos y fomentará las buenas prácticas en todos los actores de la cadena.
