La reforma fiscal que eleva los impuestos a la venta de vivienda usada, a debate
ABC consulta a seis expertos acerca de esta medida
ABC consulta a seis expertos acerca de la medida que incluye el proyecto de reforma fiscal para aumentar las plusvalías que gravan la venta de viviendas de segunda mano.
«Una medida perjudicial»
Manuel Gandarias. Director de estudios de pisos.com
De aquí a finales de año se prevé un incremento en las operaciones por la entrada en vigor de la reforma fiscal. Será interesante ver qué medidas se le ocurren al Gobierno a las puertas de las elecciones de 2015 con el fin de impulsar un sector esencial para la economía española. La medida es perjudicial para el mercado de la vivienda, inflará artificialmente las ventas hasta 2015 y después, probablemente, bajarán. Los precios seguirán un recorrido inverso: bajarán a corto plazo en casas de segunda mano ya que a los propietarios les interesa vender antes de que llegue 2015 para ahorrarse impuestos y una vez que entre en vigor la reforma fiscal, volverán a subir.
«Más carga fiscal»
Helena Merenciano. Solchaga Recio & Asociados
La supresión de estos coeficientes prosigue en la línea de disminuir las bonificaciones fiscales en el IRPF que hasta ahora primaban la compra de vivienda frente al alquiler. Esta medida puede valorarse positivamente ya que profundiza en el necesario objetivo de la neutralidad fiscal en el tratamiento de la vivienda en el IRPF. Además, contribuirá aunque de manera marginal, al control del déficit. Pese a que los tipos del IRPF bajarán en 2015, puede preverse que en general esta reducción no compensará la mayor carga fiscal para aquellos contribuyentes que consigan vender una vivienda antigua a partir del próximo año.
«Justos por pecadores»
J. M. Mollinedo (Secret. Gral. Técnicos de Hacienda)
La medida supone un reconocimiento implícito de la debilidad de la Agencia Tributaria, que es incapaz de averiguar el precio al que se vende una vivienda entre particulares, una operación nada sofisticada que normalmente conlleva un préstamo hipotecario por parte del comprador. La supresión de los coeficientes de abatimiento y de corrección monetaria supone hacer pagar a justos por pecadores, en el sentido de que los contribuyentes que pagaban sus impuestos por este tipo de operaciones tendrán que abonar a partir de enero alrededor de un 21% más. El sistema de coeficientes tendría que mantenerse aunque quizás más simplificado.
«Gravar plusvalías reales»
José Félix Sanz. Dtor. Estudios Tributarios Funcas
Cualquier medida que favorezca la neutralidad del sistema fiscal me parece bien por lo que la eliminación de los coeficientes de abatimiento es un paso correcto. No así la supresión de los coeficientes de corrección monetaria. No es oportuno eliminarlos porque, más que ser una concesión fiscal, corrigen un problema ya que buscan la tributación de las plusvalías reales no las nominales. Como sea, subirán mucho los impuestos para los afectados por ambas medidas. En cuanto al efecto sobre el mercado inmobiliario, la medida presionará la oferta al alza. Pero en tan poco tiempo será difícil vender y el impacto recaudatorio será alto.
«Implantación progresiva»
Rubén Gimeno. Sirector Estudios del REAF
En cuanto al fin de los coeficientes de abatimiento, si bien era un regimen transitorio su supresión inminente defraudará expectativas de venta en casos en los que se esperaba reducir la factura fiscal. Sería preferible, por ejemplo, implantar la supresión de manera progresiva. En 2006, la reforma fiscal de José Luis Rodríguez Zapatero ya cambió la ley para acabar con los coeficientes de abatimiento aplicados hasta entonces. La eliminación de la correción monetaria, por su parte, afecta a todas las viviendas. Como fuere, el fin de ambas bonificaciones, supondrá un alza brutal de impuestos y castigará a todo tipo de rentas.
«Derechos adquiridos»
Ransés Pérez. Presidente inspectores de Hacienda
Los coeficientes de corrección monetaria sirven para corregir el efecto de la inflación y los de abatimiento además, potenciaban las inversiones a medio y largo plazo y, por tanto, el ahorro. Ambas justificaciones, a mi juicio, son suficientes para mantener el incentivo. Además, eliminarlos, supone una pérdida de los derechos adquiridos de los propietarios de inmuebles, que compraron dichos bienes con unas reglas del juego, que ahora se ven alteradas unilateralmente. El Gobierno debería replantearse su supresión o alternativamente instrumentar un periodo transitorio de unos años para dar tiempo a los poseedores de vivienda a vender.
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