El juez acusa a Rato y Blesa de «consentir y propiciar» el uso de las tarjetas «B»

La justicia responsabiliza a Miguel Blesa y Rodrigo Rato del sistema por el cual 83 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia cargaron a la entidad 15,5 millones de euros en gastos personales con tarjetas opacas . El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu concluye en el auto que dictó ayer, y por el cual impuso fianzas millonarias a ambos, que los expresidentes de la caja de ahorros habrían «consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la entidad».

Para ello, relata el magistrado, hicieron entrega de esas tarjetas «B» con cargo a las cuentas primero de Caja Madrid y depués de BFA-Bankia de a otros consejeros y directivos «sin haber controlado la justificación de los gastos ni existir un sustento contractual para ello».

Esa práctica, según el auto judicial emitido este jueves tras la comparecencia de los tres primeros imputados por este escándalo, podría ser constitutiva de un delito continuado de administración desleal. El juez Andreu detalla que ese tipo de delito puede acarrear una pena de prisión de seis meses a cuatro años o, en su lugar, una multa por el triple de las cantidades defraudadas. En todo caso, el magistrado aclara que «aún se está lejos de cerrar» la fase de instrucción, y que por tanto «la apertura de la fase de juicio oral no se encuentra en absoluto cercana».

Por ello, el juez ha decidido imponer una fianza por responsabilidad civil de 16 millones de euros a Blesa y otra de tres millones a Rato para cubrir las posibles sanciones posteriores. Esas cantidades equivalen a los gastos hechos tanto por ellos dos como por el resto de ex altos cargos de la caja bajo el mandato de Blesa primero y el de Rato después, más un 25% adicional que permite la ley.

Tanto Blesa como Rato, según informan fuentes jurídicas, tienen pensado recurrir esa fianza, para cuyo depósito la Audiencia Nacional les ha dado de plazo hasta el próximo miércoles. El auto aclara eso sí que no es firme y que contra él cabe recurso de reforma en el plazo de tres días o un recurso de apelación antes de cinco días. Ahora bien, esos recursos no paralizarán la orden de embargo de bienes que dictaría el magistrado en caso de que ambios no desembolsen sus fianzas el miércoles.