Cataluña habría pagado tipos de interés «desorbitados» si no se hubiera acogido al FLA

El Estado español ha prestado más de 40.000 millones de euros a la Generalitat de Cataluña durante esta legislatura para pagar a sus proveedores, el vencimiento de deudas e incluso a la financiación del déficit que ha ido generando. Estos préstamos, recibidos a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de los diferentes planes de Pago a los Proveedores, que les han permitido ahorrar hasta 8.000 millones de euros en el pago de intereses de la deuda, según fuentes del Ejecutivo consultadas por ABC.

En septiembre la Generalitat rompió su compromiso de pago mensual a las farmacias, aunque fuera con 25 días de retraso, y anunció al Consejo de Colegios de Farmacéuticos de Cataluña que no tenía dinero para pagarles en septiembre, aumentando el retraso que se había comprometido a saldar en 2014. Y esto es sólo un ejemplo de las dificultades por las que pasan sus cuentas, como también ocurre igualmente a otras comunidades autónomas. Pero dos preguntas se suscitan a raíz de estas cifras sobre Cataluña: ¿se hubiera podido financiar si no se hubiera adscrito al FLA?, ¿qué interés hubiera tenido que pagar?

«Lo primero es el hecho de que Cataluña está dentro de España y se financia a un coste muchísimo más bajo que si lo hiciera de manera independiente», explica antes que nada Javier Urones, analista de XTB, sobre un hipotético caso de secesión de la comunidad autónoma. «Sobre su PIB no parece muy endeduda pero si le asumimos la parte de la deuda española superaría de sobra el 100% de deuda sobre el PIB, que es lo que se suele utilizar como referente».

Son esos 8.000 millones lo que Cataluña habría tenido que pagar de más hasta el vencimiento de la deuda si el Gobierno regional hubiera acudido directamente al mercado para financiarse, o lo que es lo mismo, el extra de intereses, la prima de riesgo que hubieran exigido los inversores a la Generalitat por prestarle ese dinero. Y eso, en el caso de que los inversores hubieran decidido financiar al Ejecutivo autonómico. «Seguramente el síntoma más claro es que la demanda hubiera bajado (si no estuviera en el FLA). Financiación siempre va a haber pero sería a tipos de intereses desorbitados. Ni a la Generaltitat le merecería la pena y no podría pegarlos».

En el verano de 2012, el Tesoro español llegó a abonar casi un 7% por colocar bonos a 10 años –ahora el coste es de poco más del 2%– y las autonomías más endeudadas y con déficit más elevados tendrían una situación todavía peor. Si el Estado no hubiera acudido en auxilio de esta autonomías en apuros, y hubiera captado ese dinero en los mercados internacionales para luego cederlo a los gobiernos autonómicos, muchas de ellas hubieran quebrado.

«Las comunidades que se adscribieron al FLA prefirieron que Hacienda estuviera más encima para poder rebajar el interés de la deuda», explica el analista. Y es que acogerse a ese especie de rescate autonómico tuvo un carácter voluntario. De hecho en 2012 solo nueve de las diecisiete autonomías solicitaron financiación del mismo –Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares, Murcia, Asturias y Cantabria–. El resto prefirieron pagar más intereses en 2012, 2013 y 2014, pero evitar el control extra de la Hacienda Pública, y el coste reputacional de necesitar ser rescatado por el Estado.

«Lógicamente se ve todo muy bonito ahora, pero cuando estábamos al 7% las comunidades hubieran cotizado incluso con una prima por encima, llegando al 8,5% y 9%», concluye Urones. El Fondo de Liquidez autonómica se creó en julio del año 2012, en el momento más crítico de la crisis de deuda, con el fin de dotar de liquidez a las comunidades autónomas, permitiendo conseguir financiación a un precio razonable y garantizando así la prestación de los servicios esenciales.