Sobre la ley de «Crowdfunding»: «Todo el mundo tiene derecho a participar, pero con límites»

ABC ha charlado con Eloy Noya, director de crédito y riesgos de LoanBook, una plataforma de financiación participativa, para analizar la futura legislación en España

Sobre la ley de «Crowdfunding»: «Todo el mundo tiene derecho a participar, pero con límites» abc

j. villuendas

El primer viernes de octubre, el Gobierno dio luz verde al proyecto de ley para regular el micromecenazgo, más conocido como «crowdfunding», estableciendo un límite a las cantidades que se pueden aportar con este sistema alternativo de financiación, y que los detractores de la medida denuncian como una manera de restringir su uso por parte del Gobierno. Es curioso porque los defensores de la misma resaltan que precisamente lo que se busca, al establecer seguridad jurídica, es incentivar su utilización y convertir a este canal en un medio más habitual para el fomento de proyectos empresariales, en un contexto además en el que el crédito bancario no acaba de reactivarse y pone en peligro incluso la frágil recuperación europea, según advierte el FMI.

Eloy Noya es el director del área de créditos y riesgo de LoanBook, una plataforma de financiación participativa, de préstamo entre particulares y empresas («crowdlending»), cuyo discurrir se inició en enero de 2013. Se dedican a poner en contacto a inversores y prestatarios, que en su caso son pequeñas y medianas empresas. «Captamos pymes que necesitan financiación y les ponemos en un mercado online. Luego hay inversores que prestan dinero directamente a estas empresas». ABC ha charlado con él para que nos haga una valoración de la futura legislación, ya que todavía no está en vigor, y explique las principales novedades que traerá consigo.

-¿Qué le parece la nueva ley del «Crowdfunding»?

Para nosotros es muy positiva. Por la confianza que da a los inversores que haya una regulación, un entorno de seguridad con reglas claras. Comparada con otros países de la Unión Europea pone a España en un puesto de modernidad e innovación. Hay que felicitarse.

- Las críticas al proyecto de ley hablan de que es restrictivo. Lo del «¿quién es el Gobierno para decir cuánto puedo invertir?». Y también que se pone coto a la participación ciudadana.

Creo que los límites a efectos prácticos no van a tener tanto efecto negativo. Se distingue entre inversor cualificado y no cualificado. El primero es, aunque tendrá que concretarse todavía más, cualquier persona que tenga un patrimonio de 100.000 euros o los superen los 50.000 euros de renta o ingresos. Son límites bastante razonables. El que no es cualificado se limita su aportación anual a 10.000 euros (3.000 como máximo por proyecto). No creo que una persona que no tenga los niveles de un cualificado pueda tener más de 10.000 euros para invertir cada año en estos productos. Todo el mundo tiene derecho a participar pero es razonable poner una limitación.

- ¿Y por qué poner un tope si, como dice, naturalmente se autolimitaría?

Somos un país que lamentablemente ha sufrido bastantes temas que no deberían haber sucedido. Como las participaciones preferentes y de este tipo. Hay que tener una precaución con el inversor más minorista.

- Os beneficia a ustedes este contexto de sequía de crédito en España

Nos beneficia, está claro. Esperamos que sea coyuntural. Es un problema, se está intentando solucionar para que el crédito fluya a través de los bancos, pero no se está consiguiendo. Y la economía lo necesita. Pero cuando fluya más el crédito estas plataformas seguirán existiendo. Hay problemas estructurales en la empresa española que invitan a crecer a nuestro sector. Como la excesiva dependencia bancaria. Más del 90% del crédito en España es bancario, y en los países más avanzados no ocurre, es de un 50%. Deben habilitarse alternativas. Y luego es un canal nuevo que usa la rapidez y la transparencia.

- Igual os empieza a crecer mucho la competencia…

Es un sector emergente y que va a crecer en los próximos años. En los países más avanzados, los anglosajones, estas plataformas están mucho más maduras, manejando miles de millones de euros o dólares. Y el inversor institucional (fondos de inversión, de pensiones,…) ya está invirtiendo en ellos. Para hacernos una idea respecto a la falta de crédito que dan los bancos, en el Reino Unido el año pasado el Gobierno en vista de que no lograba canalizar la inyección de crédito a través de los bancos, decidió canalizar parte del crédito a pymes a través de estas plataformas. Cada préstamo de pymes en determinadas plataformas del Reino Unido tiene un 10% o 20% de recursos públicos. Y esto va a ser perfectamente posible en España.

-En vuestra empresa, ¿qué ventajas dais a las pymes respecto a un banco? ¿Y a los prestamistas respecto a un fondo de inversión?

Para las pymes es un mecanismo muy ágil y transparente. No es que tenga cerrado el grifo bancario pero su relación con ellos es un poco difícil. Los bancos conceden créditos pero como compensación hay mucha venta cruzada de productos, condicionan el préstamo a negocio colateral. En nuestro caso no vamos a pedir nada más más que el suministro de una información financiera que vamos a publicar y darle una calificación. Y se puede conseguir financiación de manera mucho más rápida que en un banco, que puedes tardar hasta un mes. Y para el inversor no tienen ningún coste. Encuentra un activo nuevo con un riesgo muy limitado y unos tipos de interés del 6% y 7%. Es una inversión con un riesgo más bajo que una inversión en renta fija pero con mayor rentabilidad.

- Los ciudadanos se podrían convertir un poco en banqueros de esta manera

Sí, es una manera de verlo. Los inversores colaboran al crecimiento de las pymes españolas. El inversor evalúa la información que damos y presta a las empresas que desea.

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