UPyD alerta de que el gran agujero de Bankia se verá en la inmobiliaria

El «enorme desfalco» de las tarjetas B de Caja Madrid y Bankia es «solo la punta del iceberg» de una gestión plagada de irregularidades, en la que el gran escándalo será la revelación de «operaciones muy relevantes vinculadas al negocio inmobiliario», algunas de las cuales ya habrían sido puestas en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por el juez Fernando Andreu, y trasladadas de ahí a la Audiencia Nacional. Así lo aseguró el responsable de Regeneración Democrática de UPyD, Andrés Herzog, que también expuso las «sospechas» de que la mecánica de las tarjetas opacas existe en otras Cajas, como la de Segovia. Todas, recordó, han sido «el refugio de los mismos políticos» e imitado iguales prácticas, como las políticas retributivas de sus directivos.

UPyD, que ejerce la acusación popular en el «caso Bankia», ha exigido que el dinero que reintegren los exconsejeros no revierta en la entidad, sino en sus clientes, y que el FROB «se persone, al menos, como perjudicado» en representación de «la ciudadanía» que pagó el rescate.

Por su parte, el PSOE notificó ayer a los 16 militantes implicados en el uso de tarjetas opacas de Caja Madrid la apertura de expediente. La investigación correrá a cargo de la Comisión Federal de Ética y Garantías, como establecen los estatutos socialistas. Por encargo expreso del secretario general, Pedro Sánchez, la instructora del proceso será Susana Sumelzo, responsable de Administraciones Públicas. Los implicados, entre los cuales hay nombres históricos del socialismo madrileño, como el ex presidente de la Asamblea Ramón Espinar (178.400 euros gastados); el exvicesecretario general del PSM Antonio Romero (252.000); el diputado guerrista José Acosta (62.300), o el responsable de los análisis sociológicos en Moncloa y en Ferraz, Ignacio Varela (35.700), tienen ahora unos días de plazo para reunir la documentación que quieran aportar en sus alegaciones. Pero, digan lo que digan en esas alegaciones, Pedro Sánchez ya se adelantó ayer a pedir a los españoles «perdón» por lo sucedido, «un escándalo» y «una vergüenza». Al nuevo líder del PSOE, a quien este episodio le llega en plena ofensiva para asentar su imagen de regenerador, le da igual que sean legales «este tipo de tropelías».

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, dijo que lo que tienen que hacer los 86 implicados es devolver el dinero pero añadió que «quizá» algunos desconocían «el mecanismo» o no tenían «mala fe». «Vamos a ver si esto ha sido así y cómo ha sido y si existía mala fe por parte de esas personas o si sencillamente existía un desconocimiento hacia una práctica que en algún momento podía parecer normal porque era una práctica que realizaban todos», señaló en TVE

La dirigente de IU en Madrid, Libertad Martínez, se declaró «estupefacta» porque «alguien que se ha criado en los valores de izquierdas», como José Antonio Moral Santín (456.500 euros), haya cometido «semejante aberración». «Evidentemente nos equivocamos con él». Desde UGT, su secretario general, Cándido Méndez, se felicitó por la dimisión del líder del sindicato en Madrid, José Ricardo Martínez (44.000 euros), porque se va «de una manera muy digna». «Un responsable político tienen una responsabilidad ética y moral a la que ha hecho frente». Y desde CCOO, su secretario general, Ignacio Fernández Toxo, señaló tras la dimisión de Rodolfo Benito (140.600 euros), que el sindicato «no tenía constancia alguna» de la existencia de estas tarjetas y será «absolutamente riguroso». «Hay fronteras que no se pueden atravesar, sea quien sea y la persona que las atraviese.